Doñana es un parque donde —al menos así se supone intuitivamente— la naturaleza está protegida y los animales están resguardados del riesgo de extinción. Pero la realidad suele traicionar las suposiciones dictadas por el sentido común. Este es el caso: Gas Natural viene explotando el gas del subsuelo del parque en los últimos 30 años y tiene instalados allí nada menos que 50 kilómetros de gasoducto. Es decir, en una zona natural protegida, sí pueden realizarse operaciones de extracción de hidrocarburos.

El truco es sencillo. Se establece una diferencia legal entre parque nacional, donde no pueden realizarse actividades peligrosas para la flora y la fauna, y parque natural, donde sí están autorizadas; luego se determina que la zona bendecida con el don del gas sea parque natural y así pueden pasar decenios sin que nadie se preocupe del caso.

Hasta que ahora llega la compañía Gas Natural y, casi de tapadillo, pide permiso administrativo para dos modificaciones importantes: construir otros 20 kilómetros de gasoducto y convertir las cavidades de las que se ha extraído el gas en futuros depósitos naturales.

Basta que una zona se considere parque de resguardo contra tropelías constructivas para que caigan sobre ella, como los rayos en el pararrayos, proyectos con diversos grados de riesgo contaminante. ¿Será coincidencia o afán de comprometer a la Administración?

Los 20 kilómetros de oleoductos añadidos discurren por la zona de parque “natural”, pero el nuevo proyecto no responde ya al mismo propósito. Porque la extracción de gas tiene un límite temporal, mientras que el almacenamiento compromete el territorio a muy largo plazo. Hay que confiar en que la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía advierta esta diferencia y analice con cautela la decisión final. O mejor, semifinal.

Si el informe preceptivo de la Junta es favorable al almacenamiento, la autorización final corresponde al Gobierno. Una perspectiva temible, porque ya se conoce la escasa sensibilidad del Ejecutivo hacia la protección ambiental. Si es desfavorable, fundado en informes de afección ambiental, saldrá de nuevo a colación el déficit energético del país y se deplorarán los obstáculos que impone la pérfida ecología a la creación de riqueza.