EDITORIAL

Errar el tiro

El caso Carromero tiene demasiados puntos débiles como para convertirlo en bandera política

El regreso a España del dirigente popular Ángel Francisco Carromero para seguir cumpliendo su condena cerca de los suyos es una noticia positiva no solo desde el punto de vista humanitario. Es también la demostración de que Madrid y La Habana han utilizado diligentemente los conductos diplomáticos haciendo valer el convenio bilateral de ejecución de sentencias penales de 1998. Hasta ahí las bondades de este caso que costó la vida a los opositores del régimen Oswaldo Payá y Harold Cepero cuando ambos viajaban en el coche conducido por el español.

La diligencia con la que ha actuado en este caso el Gobierno es, sin embargo, un agravio comparativo para los 2.440 presos españoles que cumplen condena en el extranjero. De hecho, el otro español repatriado el sábado junto a Carromero, Miguel Vives Cutillas, llevaba ya cuatro años preso en la isla por tráfico de drogas. Lejos de ser el gran éxito diplomático que proclama el Gobierno español, Carromero, además de recibir un trato privilegiado, ha sido la mejor baza de La Habana para apaciguar la tradicional beligerancia del PP hacia el régimen cubano y lograr que la UE inicie las negociaciones para suscribir un acuerdo de cooperación con el régimen castrista. De poco vale el empeño de Exteriores de desvincular el caso del cambio de política, especialmente cuando se niega a entrar en detalles sobre las razones de este último.

Hay, sin embargo, en el PP voces que tratan de hacer bandera de este asunto. Que la dictadura castrista merece ser condenada está fuera de duda, pero hay demasiado puntos oscuros en este caso como para convertirlo en una causa política. Antes de viajar a Cuba, este dirigente popular a sueldo del Ayuntamiento de Madrid acumuló 45 multas de tráfico y perdió todos los puntos del permiso de conducir, razón por la cual Tráfico le había notificado la retirada del mismo. Carromero fue condenado a cuatro años de prisión por “homicidio por conducción imprudente” en aplicación del código penal cubano. En España, tras la reforma de 2007, estos delitos contra la seguridad vial también están castigados con cárcel. Salvo que se demostrara que el accidente no fue tal, como sostiene sin argumentos de peso la familia de Payá, sino que se debió al acoso de otro automóvil —extremo que Carromero ha negado—, intentar convertirle en un defensor de la libertad y víctima del castrismo es errar el tiro.

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