El Gobierno y el principal partido de la oposición, el PSOE, han llegado a un acuerdo para reformar urgentemente la legislación relativa a los desahucios por impago de hipotecas. La intención es frenar un proceso que ha llevado desde 2008 a la ejecución de cerca de 350.000 desalojos o expulsiones y que amenaza con afectar a otros 100.000 casos. A la espera de conocer la letra pequeña, es una noticia tranquilizadora que acoge con alivio la sociedad, cada día más angustiada por la calamidad social que suponen esos desahucios.

Importa resaltar que el pacto anunciado responde a una decisión política, no técnica ni estrictamente económica. La resistencia del mundo económico y financiero, que alega que cualquier modificación legislativa encarecerá el crédito y aumentará los tipos, ha sido soslayada por la imperiosa necesidad de poner fin a una situación que se percibe como injusta. Ha sido la rama política de oposición y Gobierno la que ha llegado a la conclusión de que no es posible esperar más y de que es la política la que debe encontrar salida a situaciones sociales insoportables.

Primero IU y el PSOE (que ha presentado un proyecto de ley para cambiar cinco leyes) y finalmente el PP y el propio Gobierno han dado los pasos necesarios para atacar el problema en donde hay que hacerlo: con acuerdos políticos que se plasman en acuerdos parlamentarios.

Es justo también recordar que la reacción de los partidos (salvo excepciones) ha llegado después de que los movimientos sociales consiguieran agitar a la opinión pública exigiendo que los bancos que han recibido miles de millones de dinero oficial aceptaran, entre otras cosas, la entrega de la vivienda hipotecada como pago de la deuda total. El progresivo enfado social llegó también a los juzgados, donde, en algunos casos, se empezaron a aplicar normas creativas para matizar la dureza de la ley. Los 46 jueces decanos de toda España han denunciado los abusos e irregularidades que se cometen, además, en el cobro de deudas hipotecarias. Sus conclusiones llegaron un día antes de que la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE dictaminara sobre una denuncia presentada por un cliente de Catalunya Caixa y declarara que la ley de desahucios vulnera la normativa europea sobre protección de los consumidores ante posibles cláusulas abusivas en los contratos bancarios.

Ojalá el acuerdo a que han llegado Gobierno y PSOE sea un indicio de que, confrontados con la realidad social que denuncian los informes independientes, es posible todavía encontrar un espacio para un diálogo que mitigue sus efectos más lacerantes, como reclama buena parte de la sociedad.