El deterioro de la situación económica se ha trasladado definitivamente a la política, según refleja el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pero aún podría ir a peor si de la política se traslada a la calle el próximo otoño, como se augura desde distintos sectores. El sondeo fue realizado antes de que Rajoy anunciase, el 11 de julio, el mayor ajuste de la serie; de haberse hecho a posteriori, es posible que sus resultados hubieran sido aún peores. El desánimo ciudadano se refleja en la coexistencia entre el rapidísimo retroceso de las expectativas de voto del partido del Gobierno, a razón de un punto al mes desde noviembre, con el estancamiento del primero de la oposición, que solo sube un punto. El sondeo traduce ese desánimo en la desconfianza simultánea en el Gobierno y en la oposición, y en sus líderes respectivos, para dar salida a la crisis; lo que explica que la consideración de los partidos como primer problema —tras el paro y la crisis— haya pasado en tres meses del 18% al 25%.

El crecimiento significativo de las otras dos formaciones con presencia en toda España, IU (que sube 1,7 puntos) y UPyD (1,9 puntos) no es suficiente como para pensar que puedan encabezar fórmulas alternativas de Gobierno. Sí podrían convertirse, sin embargo, en partidos bisagra para completar mayorías de centro-derecha o centro-izquierda, asumiendo la función hasta ahora desempeñada por los nacionalistas.

También resulta llamativo el efecto que está teniendo la crisis económica sobre la política autonómica. Tras años de puja, en la época de vacas gordas, por el nivel máximo de autonomía en todas las comunidades, casi el 40% de los ciudadanos defiende hoy una vuelta al Estado centralista (22%) o un recorte de competencias (17%). Lo cual es compatible con una radicalización soberanista en Cataluña y el País Vasco, en ambos casos con un acento nuevo en lo que consideran ventajas del desenganche de España para salir de la crisis.

Una situación de conjunto que requeriría un esfuerzo de concertación entre los principales partidos, y entre el Gobierno y las autonomías, para hacer frente a la doble crisis, política y económica. También con los interlocutores sociales. Los líderes de los principales sindicatos se entrevistaron ayer con el Rey, a petición del Monarca. Fernández Toxo y Méndez resaltaron como mensaje central del encuentro la conveniencia de someter a referéndum los recortes del Gobierno. No es una buena propuesta. Invocan el antecedente (fallido) de Papandreu en Grecia, pero precisamente la experiencia griega indica que todo puede empeorar si los políticos, en lugar de asumir la responsabilidad de las medidas, se la pasan a la población.

No podría haber peor combinación que un otoño de movilizaciones con una consulta como la propuesta ayer. Si triunfase la desautorización por esa vía de la mayoría parlamentaria, no solo se agravaría la crisis, sino que se llevaría al sistema democrático a una situación sin salida. Lo que menos necesitamos ahora.