La detención en España de tres presuntos terroristas vinculados a Al Qaeda responde esencialmente a una operación de seguimiento de los servicios secretos de varios países, según informó el ministro del Interior. La cooperación internacional es la principal base con que contaba la policía española para actuar contra ellos, en una operación de carácter esencialmente preventivo, como otras que se han realizado para tratar de evitar la comisión de atentados a cargo del terrorismo islamista.

Sin embargo, esta operación es un buen ejemplo de lo difícil que resulta traducir las actuaciones policiales contra el terrorismo islámico en procedimientos que puedan sustanciarse judicialmente, sobre todo cuando se basan en informes de espionaje. Los arrestados fueron presentados por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como tres personas muy peligrosas dispuestas a atentar y que disponían de explosivos suficientes como para volar un autobús. Sin embargo, las pruebas materiales presentadas ante el juez se limitan a 150 gramos de una sustancia que parece pólvora, la sospecha de que una de las viviendas registradas había sido limpiada de explosivos y objetos relacionados con ultraligeros y aviones teledirigidos. Los tres detenidos han negado ante el juez tanto su pertenencia a Al Qaeda como que planearan un atentado en España. El juez ha enviado a prisión a uno de ellos, ciudadano turco, en cuyo domicilio se encontró la sustancia que parece pólvora, y ha ampliado el plazo a la policía para que practique nuevas diligencias sobre los otros dos. Nadie puede llamarse a engaño sobre la persistencia de una amenaza a la que España despertó con el brutal atentado del 11 de marzo de 2004. Pero los detenidos tienen derecho a las garantías judiciales y sería deseable el máximo rigor de las fuerzas de seguridad en la labor de consolidación de pruebas.