El Gobierno ha aprovechado el proyecto de Ley de Transparencia para dotarse de nuevas armas con las que mantener el control de las cuentas públicas u otros documentos, penalizando hasta con cuatro años de cárcel a los que las falseen. Las facturas en los cajones o el intento de disimular deudas a través de sociedades o fundaciones llevarán al autor a la cárcel, si se demuestra que ha causado un perjuicio económico a la Administración, o a la inhabilitación si no fuera así. Estas medidas, y otras destinadas a castigar a “los malos gestores”, aparecen ahora como contenidos distintos de los atribuidos inicialmente a la Ley de Transparencia, que consistían en facilitar al ciudadano el acceso a la documentación e información pública, y que ahora se diluyen; pero no puede decirse que las nuevas medidas estén de más.

El Ejecutivo se pronuncia también a favor de ampliar hasta 10 años el plazo de prescripción para delitos fiscales de gran cuantía (a partir de 600.000 euros); y de penalizar con mayor severidad los fraudes a la Seguridad Social, rebajando a 50.000 euros la cantidad defraudada a partir de la cual el autor puede ser objeto de persecución penal (hasta ahora era de 120.000 euros). La voluntad de reforzar la acción inspectora queda subrayada por el descubrimiento de 14.000 empresas ficticias, cuyo único objeto era obtener subvenciones o prestaciones sociales.

La severidad contra el engaño es muy necesaria. Un país que intenta dar una imagen seria, sometido a un escrutinio especialmente intenso a causa de la crisis económica y financiera, no puede tolerar el clima de relativa tolerancia social hacia el fraude a Hacienda y la Seguridad Social. Gestos como el de la amnistía fiscal para grandes defraudadores empañan la credibilidad de la línea adoptada ahora, pero no es óbice para apoyar cualquier esfuerzo serio de persecución del fraude: del grande y del pequeño.