El horario comercial que ha regido tradicionalmente en España de mañana y tarde con tres horas de descanso al mediodía y cierre los fines de semana hace tiempo que quedó trasnochado porque respondía a una inercia que dificulta el consumo en una sociedad en la que ya se ha producido una masiva incorporación femenina al mundo laboral. Aunque ha habido cambios sustanciales relacionados con los horarios y la apertura en festivo, lo cierto es que hasta la fecha se han mantenido restricciones que responden a los intereses corporativos del sector y dificultan las compras a la mayoría de las familias.

En este sentido, el giro que ha imprimido el Gobierno a este asunto es una buena noticia para los consumidores, que dispondrán de opciones más acordes con su tiempo libre. Según el proyecto gubernamental, se amplía el horario máximo de apertura en días laborables a 90 horas semanales, se otorga plena libertad horaria para los pequeños y medianos establecimientos con menos de 300 metros cuadrados y se eleva a diez el mínimo de domingos y festivos de apertura. La Comunidad de Madrid ha ido incluso más lejos, permitiendo abrir a todos los comercios los 365 días del año y, lo que es más importante, anulando la exigencia de licencias de apertura.

Además de la obvia ventaja que la liberalización de horarios tiene para la comodidad de los consumidores, las autoridades que más impulsan la medida confían en ella para dinamizar la economía. No es algo garantizado, y la norma se ha presentado sin un análisis previo de su repercusión. Tampoco el sector afectado ha sido consultado. En él hay voces discordantes de consumidores y comerciantes que no solo no creen que tales cambios generen más empleo, sino que temen lo contrario. Si se confirmaran sus expectativas, sería un revés para el vapuleado mercado de trabajo.