Todo colectivo capaz de condicionar el devenir de sociedades enteras debería someterse a un estricto control en aras del bien general. Y no hay gremio con mayor influencia sobre el bien (y el mal) común que el de los representantes públicos.

Son meros albaceas de nuestro poder soberano, pero hoy se han convertido en una casta privilegiada a la que hay que dar de comer aparte; corsarios de nuevo cuño con licencia para mentir, malversar, bastardear normas e instituciones y rebanar derechos. Siempre libres de culpa, siempre seguros del laissez-faire, laissez-passer ciudadano.

Pues no. Se equivocan ellos si creen que pueden hacer un uso impropio del mandato soberano o convertir sin más la Constitución en una escombrera. Y nos equivocamos todos si pensamos que saldremos del embrollo que nos atenaza solo con poner coto al sistema financiero. El nudo gordiano de esta crisis está en el déficit democrático, y solo dando un tajo a éste lograremos embridar aquel. Así que los economistas de a tanto la pieza tendrían que dejar paso a los expertos en derecho político, porque es ahí donde debemos aplicarnos para poner fin a la Edad de la Inocencia.— Montserrat Pellicer Vilalta.