Era 28 de marzo de 2012 cuando el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Albacete, Juan Carlos López Garrido, en una rueda de prensa anunciaba el cierre del Centro Médico del Instituto Municipal de Deportes (IMD) y el despido de sus cinco trabajadores: dos médicos especialistas en Medicina del Deporte y tres ATS. Todos con plaza por oposición. Dijo el concejal que la atención a los ciudadanos se mantendría con el mismo nivel de calidad en otros centros. Eso no es verdad. A no ser que el servidor público pensara ofrecer, o lo hubiera hecho ya, ese servicio a la sanidad privada, y si era así, ¿a cambio de qué?

Los trabajadores del IMD, en un intento de defender sus puestos de trabajo y mantener un servicio público (con demanda en aumento, con lista de espera, con gran potencial de crecimiento), se reúnen con dos economistas y logran redactar un plan de viabilidad para los próximos dos años. El plan de viabilidad defiende, con números, la posibilidad de mantener la actividad del IMD y los puestos de trabajo sin que para el Ayuntamiento suponga un coste añadido. La excusa económica, esgrimida como motivo para cerrar el centro médico, ya no es válida.

Los más de 28.000 deportistas que han pasado por el IMD, todos aquellos a los que se les han diagnosticado lesiones y procesos que precisaron tratamiento farmacológico o quirúrgico urgente, los albaceteños hipertensos, diabéticos o con sobrepeso que han encontrado en el deporte dirigido una forma barata y efectiva de mejorar su calidad de vida entienden muchas más cosas que unos políticos que se han quedado sin razones y en evidencia.— Carmen Alonso Ruiz.