Después de recuperarse por el Estado el impuesto sobre el patrimonio a finales de 2011 para personas que tengan un patrimonio neto de más de un millón de euros, Madrid no lo exigirá. La recaudación que podría obtener por el citado tributo (varios cientos de millones de euros) se perderán irremisiblemente para la sociedad madrileña. Mientras tanto, Esperanza Aguirre se afana en recortes de todo tipo: 5 millones adelantando el cierre del metro, 10 millones en universidades, 80 millones en enseñanza, etc.

¿No sería más justo exigir a las personas más ricas de la sociedad que contribuyan en mayor medida a financiar los servicios públicos que utilizan habitualmente las amplias clases medias, menos pudientes?

Valencia e Islas Baleares tampoco cobrarán el Impuesto sobre patrimonio, y ello a pesar de su déficit galopante y de los severos recortes que están llevando a cabo. Creo que los gobernantes de dichas Comunidades Autónomas deberían, antes de realizar más recortes a las clases medias, explicar a la ciudadanía por qué conceden esos beneficios tributarios a —técnicamente— personas millonarias.— Manuel Lucas Durán.