El Gobierno y el PSOE han cerrado un acuerdo para la renovación de algunas de las instituciones que estaban pendientes desde hace años, y que, en lo referido al Tribunal Constitucional, ha bordeado el escándalo durante las últimas semanas. Primero, por la amenaza de “medidas drásticas” esgrimida por el tribunal al comienzo de los debates sobre la legalización de Sortu, si no se procedía a renovar a los magistrados con mandatos caducados; y después, por el menosprecio a la institución manifestado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que, descontenta con la sentencia de Sortu, propuso reducir el Constitucional a mera sala del Supremo.

Los cuatro puestos a renovar en el Constitucional son de los que exigen mayoría parlamentaria cualificada. De ahí la necesidad de acuerdo, que se produce al límite del plazo que Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba se habían dado para ello. Más allá del aspecto de chalaneo atribuido a la negociación de cuotas políticas, cada parte ha renunciado a los candidatos que mayor rechazo suscitaban en el adversario. El resultado es diverso: por el PP, Andrés Ollero, diputado durante 17 años, y Juan José González, partidario de la objeción a Educación por la Ciudadanía en el seno del Supremo. El PSOE propone a Fernando Valdés, crítico con la reforma laboral. Al intérprete de la Constitución se incorpora una catalana, Encarnación Roca, bien vista por CiU. De la Oficina del Defensor del Pueblo se hace cargo una persona de perfil moderado dentro del PP, Soledad Becerril, con el socialista Francisco Fernández Marugán como adjunto.

Se van resolviendo así los bloqueos que afectaban a varios de los órganos sobre los que se asienta el entramado institucional del país. Es de lamentar que la voluntad de acuerdo no se haya extendido a RTVE, en la que inicia su andadura un equipo designado unilateralmente desde el partido del Gobierno.