Dívar representa un problema, pero no es el más importante. El verdadero problema está en el propio Consejo General del Poder Judicial, una institución que debería eliminarse. La idea que la justifica, es decir, la garantía de la independencia del poder judicial, no tiene fundamentos, como se puede ver en la práctica, donde la política se hace a través de las asociaciones de jueces, que resuelven los asuntos referidos a la distribución del poder según criterios políticos y corporativos alejados de los ciudadanos justiciables y sin apenas controles democráticos que supongan verdaderas rendiciones de cuentas a la sociedad.

Mejor sería, como ocurre en otros países, que las competencias importantes del Consejo General del Poder Judicial, que tanto dinero cuesta al contribuyente español, las realizaran comisiones parlamentarias. No exento de inconvenientes, sería un proceso más democrático y menos costoso.— Carlos Espósito.