La sentencia de muerte para la minería española del carbón está dictada desde que la UE decidió que las ayudas públicas deben terminarse en 2018, para favorecer energías más limpias. Pero ese condicionante no ha agilizado el intento de encontrar otros modos de vida en comarcas de Asturias, León, Palencia o Aragón, en las que aún quedan en torno a 7.000 empleos directos en la minería del carbón. Por eso, reducir en casi dos tercios el monto de las ayudas para este año, como ha anunciado el Gobierno de Mariano Rajoy, ha sido interpretado como la señal de que se anticipa el cierre de una actividad muy dependiente de la subvención.

El problema se complica en Asturias por el estallido de una huelga en el transporte de mercancías y de viajeros por carretera, visible en los cortes de vías de comunicación, el sabotaje de vehículos y la organización de caravanas de camiones con protección policial para evitar la paralización de los suministros, con su secuela de heridos y detenidos. Este conflicto se produce en un sector viable y a causa de diferencias en el convenio colectivo: no tiene que ver directamente con el minero, pero contribuye a amplificar el clima de revuelta social en una región donde las explotaciones de carbón se mantienen inactivas desde el 23 de mayo.

No es fácil que el Gobierno de Rajoy ceda, empeñado como está en demostrar a las autoridades de la UE su voluntad férrea de austeridad y firmeza. Políticamente tampoco arriesga mucho: la acumulación de conflictos puede desgastar al nuevo Gobierno asturiano, encabezado precisamente por un ingeniero de minas, Javier Fernández, ya presionado desde el Ministerio de Hacienda para aclarar el estado de las cuentas públicas heredadas de la época de Francisco Álvarez-Cascos. La cuestión minera no es competencia de la autonomía, pero el clima de agitación tampoco va a beneficiar la recuperación económica.

Hora es de que el Gobierno de Rajoy contribuya a solucionar la depresión que estas decisiones pueden causar en las zonas mineras, y los sindicatos deben ser conscientes de que sus causas perderán simpatías si continúa la escalada de incidentes. A sabiendas de que la minería no puede exigir ser una excepción en los recortes presupuestarios, el Gobierno debe explicar por qué es imprescindible un ajuste tan drástico y si cuenta con algún plan creíble de reconversión.