COLUMNA

Fracaso y ficción del Estado de las autonomías

Hay que someter a una dura crítica las prácticas seguidas por sus respectivas clases políticas en relación con la administración, los servicios, los recursos, las finanzas de cada Comunidad Autónoma

No hay nada como los momentos de desmoralización y crisis profunda para cultivar el género, de gran arraigo por estas tierras, de la anomalía, la excepción y el fracaso de España. Consiste en buscar en el pasado algún desvío del camino que tendríamos que haber seguido como la causa, por traición o incompetencia, de nuestros grandes males. A este ejercicio se entregaron nuestros padres, por la guerra civil; y los padres de nuestros padres, por el desastre del 98, y así hasta los tiempos abiertos por la Constitución de 1812 y de inmediato clausurados por un rey felón llamado Fernando. Doscientos años después, se diría que la rueda vuelve a girar con parecidos lamentos sobre tantas expectativas derrumbadas.

¿Qué habremos hecho tan mal como para merecer esta especie de desolación que nos invade? En Madrid y en Barcelona, por una vez de acuerdo, parecen haber dado con la clave: el Estado de las Autonomías, he ahí la raíz del problema. Lo ha dicho Esperanza Aguirre: el Estado autonómico ha fracasado. Y lo ha repetido Artur Mas: las autonomías son una ficción. Si solo se hubiera reconocido el hecho diferencial de Cataluña y Euskadi, las dos únicas naciones verdaderas, otro gallo nos cantaría. Pero como en la transición, por miedo, amnesia y silencio, se impuso el café para todos, ahora nos encontramos con un Estado insostenible. Y así no se puede seguir.

¿De verdad que si liquidamos el Estado construido en estas tres décadas y media encontraremos el remedio de nuestra decadencia y fracaso? Para empezar por el principio: el Estado de las Autonomías no fue un invento de la transición. Lo fue, en realidad, de la comisión jurídica asesora que preparó el anteproyecto de Constitución de la República, y de la comisión parlamentaria que lo recogió en su proyecto y del pleno de las Cortes constituyentes que lo aprobó el 9 de diciembre de 1931. El problema era el mismo: abrir un cauce a la ya por entonces famosa “cuestión catalana”; y la fórmula fue idéntica: abrir ese cauce exigía otra organización territorial del Estado. Eso fue lo que hicieron los constituyentes de 1931; eso fue lo acordado por los partidos de la oposición democrática en sus encuentros en Barcelona con la Assemblea de Catalunya y el Consell en mayo de 1976, y eso fue lo que repitieron las Cortes de 1978 en el Título VIII de la vigente Constitución.

Resume esta larga historia, en 1978 como en 1931, la constatación de que el reconocimiento del hecho diferencial de Cataluña dentro del Estado español (otra cosa es si los catalanes, hastiados de tanto partido del siglo, quisieran irse) exige extender a todas las “provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes” (art. 11 CRE 1931, art. 143.1 CE 1978) la posibilidad de organizarse en “región autónoma”, como en 1931, o en “comunidad autónoma”, como en 1978. La diferencia consistió en que mientras aquella Constitución de la República enunciaba estrictamente las competencias respectivas, esta de ahora admite que casi todo es negociable.

La cuestión entonces no radica en darse golpes de pecho por lo que se debía haber hecho y no se hizo. La cuestión radica en diagnosticar qué hemos hecho con lo que entonces hicimos, o sea, en situar la responsabilidad en cada momento del itinerario que nos ha traído hasta aquí y en sus protagonistas. Nadie impuso a los gobiernos de las comunidades autónomas multiplicar las televisiones públicas, crear entes autónomos a cargo del presupuesto, reproducir la estructura del Estado, dedicar el dinero de los ERE a la pensión de la suegra, contratar al Bigotes para recibir al Papa, utilizar las Cajas de Ahorros para financiar proyectos faraónicos, autorizar planes urbanísticos de destrucción de las costas… Todo esto ha ocurrido en el Estado de las Autonomías, pero la responsabilidad no es del tipo de Estado sino de la clase política que lo ha administrado.

¿Hay remedio? Quizá, pero no destruyendo el Estado autonómico para poner en su lugar no se sabe qué, sino sometiendo a una dura crítica las prácticas seguidas por sus respectivas clases políticas en relación con la administración, los servicios, los recursos, las finanzas de cada comunidad autónoma. Cierto, esta que vivimos es una crisis grande, pero de nada servirá elevar los acuerdos de 1978 sobre la organización territorial del Estado a la categoría de Gran Culpable con el ilusorio propósito de corregir el desvío en que Aguirre y Mas, Madrid y Barcelona, han situado al unísono el origen del daño.

 

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