Reparación pendiente

El Gobierno vasco prepara un decreto destinado al reconocimiento y reparación de víctimas de abusos policiales entre 1968, año en el que se produjo el primer atentado mortal de ETA, y la aprobación de la Constitución, 10 años después. La iniciativa ha sido considerada inoportuna por asociaciones de víctimas de ETA y también por sindicatos policiales, pese a que la intención declarada del futuro decreto no es buscar culpables o iniciar investigaciones sobre responsabilidades penales, sino resarcir a esas víctimas.

En contra de esa opinión, el Gobierno de Vitoria considera que, tras el cese del terrorismo de ETA, ahora es el momento de abordar una cuestión pendiente desde hace años: la de las personas muertas o heridas por disparos policiales en controles de carretera, en el curso de manifestaciones, por equivocación de los agentes, etcétera. En situaciones diversas, pero acotadas: en el País Vasco y en el contexto de la “violencia de motivación política vivida” en esos años finales del franquismo y primeros de la Transición.

Las decenas de víctimas producidas en esas circunstancias, unas 60 según una primera estimación, permanecían en un terreno impreciso: no pueden ser equiparadas a las víctimas de la violencia parapolicial amparada por los aparatos del Estado, reconocidas en la Ley de Víctimas de Organizaciones Terroristas. En ocasiones ni siquiera habían dado motivo para procedimientos judiciales, o se habían abierto y cerrado sin consecuencias para los autores ni resarcimiento para las víctimas. El asunto ya fue planteado por el anterior Gobierno, en tiempos de Ibarretxe. Pero decayó por falta de consenso, bajo la acusación de falta de rigor en la elaboración del listado de posibles personas afectadas.

Además de ser un acto de justicia y de restablecimiento de la verdad, esta iniciativa aspira a hacer frente a una operación del mundo nacionalista radical, que poco después del cese de ETA presentó un listado de 474 “víctimas de la represión de los Estados” en el que, junto a víctimas reales de abusos policiales, se incluían desde etarras muertos al estallarles la bomba que preparaban o caídos en enfrentamientos armados con las Fuerzas de Seguridad, hasta familiares de presos fallecidos en accidentes de carretera y presentados como víctimas de la política penitenciaria del Gobierno.

El objetivo evidente de ese planteamiento era, y es, acreditar su teoría de las dos violencias simétricas, buscando un paralelismo forzado con situaciones como la de Irlanda del Norte, con sus terrorismos sectarios. Frente a esa pretensión, la iniciativa del Gobierno vasco puede ser útil para desmontar cualquier equiparación entre esas víctimas de comportamientos policiales injustos en actuaciones concretas y la violencia persistente, sistemática y cruel de ETA. Para que lo consiga es necesario un requisito: el consenso y, junto a ello, la precisión a la hora de establecer criterios claros a fin de determinar quiénes sufrieron vulneración de sus derechos.