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Unos 200 votantes han sido expedientados por llevar la camiseta de la marea verde, según CC OO

El sindicato ofrece un formulario de respuesta a los citados.- Profesores y padres afectados convocan un acto de protesta mañana en plaza de Castilla

Los profesores y padres que acudieron a votar el domingo 20 de noviembre con la camiseta de la marea verde (con el texto Escuela pública de tod@s para tod@s) y que fueron identificados por la Policía y posteriormente citados para declarar en la Junta Electoral de Zona de Madrid ya tienen formulario de respuesta. Son unos 200, según estimaciones de CC OO, que ha preparado un formulario de respuesta al telegrama de la Junta que les da 48 horas de plazo para responder o enfrentarse a penas de hasta un año de prisión.

La Junta Electoral Provincial de Madrid prohibió el uso de las camisetas de la marea verde para interventores y apoderados de las mesas electorales y, según el caso, también se vetó a algunos votantes que la vestían y que quedaron a merced de la autoridad de los presidentes de mesa.

Una semana después, algunos de esos votantes están recibiendo telegramas de la Junta Electoral de Zona de Madrid en los que se les cita a presentar alegaciones por una posible vulneración de la "prohibición de difundirse propaganda electoral". Si no dan explicaciones, según el texto, "podrá pararle el perjuicio a que hubiera lugar en derecho".

El escrito que ha elaborado CC OO señala que "no ha habido infracción o incumplimiento de la normativa electoral, ni de ningún Acuerdo de la Junta Electoral" porque la inscripción de la camiseta "no es propaganda electoral de ninguna formación que concurriera a ese evento". El texto califica el requerimiento de "intimidatorio, afectando a los derechos y libertades públicas que consagra nuestra Constitución" y pide el archivo del expediente. Paralelamente, algunos de los afectados se han movilizado en las redes sociales y proponen una concentración mañana a las 11.00 en los Juzgados de Plaza de Castilla para "autoinculparse".

Según la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, de 1985, los expedientados se enfrentan a pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses "cuya cuantía económica se fijaría en función de los recursos del sancionado", explica el abogado de IU Juan Manuel Vela, que confía en que estas acciones "no prosperen" y las califica de "intentos de coacción".

Izquierda Unida denunció el domingo el "acoso" a la marea verde tras el envío de los telegramas. IU y PSOE presentaron sendas reclamaciones contra el acuerdo de la Junta el mismo 20 de noviembre.