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Detenido tras hallar contratos en un contenedor

La pérdida de los documentos con datos personales y números de cuenta bancaria de clientes de Orange podría conllevar una sanción de hasta 300.000 euros para la tienda que los "extravió"

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a Juan Manuel Hidalgo, de 52 años, por un presunto delito de extorsión contra la compañía telefónica Orange. La operadora acusa al arrestado de un intento de chantaje por pedir una contraprestación a cambio de no divulgar una supuesta infracción cometida por el exdistribuidor de la firma Movlcenter SL de Medina del Campo (Valladolid).

El detenido pasará el próximo viernes a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Salamanca, donde también declararán sus dos hijos, según la abogada del arrestado.

El presunto chantaje comenzó el pasado viernes, cuando Hidalgo se reunió en Madrid con el responsable de seguridad de Orange. "Nos enseñó cinco contratos que [el detenido] dijo haberse encontrado en un contenedor de Salamanca", explica una fuente conocedora del encuentro. Hidalgo se ofreció desinteresadamente a entregar el resto de documentos, que incluían el número de cuenta y fotocopias de DNI, a la compañía. Sin embargo, el lunes, día pactado para la entrega, el arrestado cambió las condiciones. "Nos dijo que o le dábamos seis móviles de alta gama y un año gratis de móvil o divulgaba la noticia en los medios". Orange se negó a pagar y denunció los hechos en la Comisaría de Salamanca de la Policía Nacional.

Fue el mismo Hidalgo quien esta mañana informó a este periódico, antes de ser detenido, de que los datos personales y números de cuenta bancaria de medio centenar de clientes de la compañía habían permanecido a la luz pública durante días.

La firma también ha denunciado a su exdistribuidor en Medina del Campo por "mala práctica" al entender que no custodió debidamente una de las tres copias que debe guardar de cada contrato (las otras dos son para el cliente y Orange).

El extravío de contratos conlleva una infracción "grave" de hasta 300.000 euros por vulnerar los artículos 9 y 10 de la Ley de Protección de Datos, que obliga a las empresas a velar para que la información que almacenan no se pierda, según la Agencia Española de Protección de Datos. "La pérdida de documentos con información confidencial resulta, desgraciadamente, muy habitual", lamenta el director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Artemi Rallo.