La Audiencia de Madrid reabre el caso del espionaje del Gobierno de Aguirre a sus adversarios en el PP
La sala ve "suficientes indicios" de malversación y pide a la juez que evalúe los gastos de los cinco agentes que siguieron a Cobo y Prada
La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto el caso del supuesto espionaje político perpetrado por ex guardias civiles y expolicías, contratados por el Gobierno de Esperanza Aguirre, a los dirigentes del PP, Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, y Alfredo Prada, exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, ambos adversarios de la presidenta en la pugna por el liderazgo del partido ante el congreso en el que Mariano Rajoy revalidó su cargo. La Audiencia estima un recurso presentado por el PSOE contra el archivo del caso. Prada y Cobo, que también tenían intención de recurrir el archivo, recibieron una llamada de Rajoy para que renunciaran a hacerlo y acataron esa orden.
"En el estado actual de las diligencias no existen motivos para proceder al sobreseimiento provisional y archivo de las mismas. De lo actuado aparecen indicios suficientes de la comisión de delito de malversación de caudales públicos por el que se sigue la causa". El auto, que reabre la investigación judicial sobre este caso de supuesto espionaje político pagado con fondos públicos, no se limita a exigir que la juez Carmen Valcarce complete la batería de diligencias que dejó sin hacer antes de dar carpetazo al asunto, sino que confirma que las pruebas recabadas durante la investigación aportan indicios suficientes de que los agentes al servicio del Gobierno de la Comunidad de Madrid siguieron a los dos políticos del PP.
El presunto espionaje político se centró, a lo largo de los meses de abril y mayo de 2008, en dirigentes del PP contrarios a la línea de Aguirre dentro de su propio partido, que se alineaban con Mariano Rajoy ante el vital congreso que iba a celebrar el partido tras la derrota electoral de marzo de ese año.
Pruebas suficientes
La sección 16 de la Audiencia Provincial entiende que existen pruebas suficientes de ese espionaje político a los adversarios de Aguirre: "Los informes policiales han llegado a determinar la autoría, a nivel indiciario de los partes de seguimiento. A dicha conclusión se ha llegado tras una laboriosa tarea de investigación y cruce de datos, entre los datos suministrados por la compañía telefónica Movistar de los teléfonos de los tres asesores de seguridad de la Comunidad de Madrid, José Luis Caro, Antonio Coronado y José Oreja, sus posicionamientos y el texto de cada uno de los partes. (...) De dicho trabajo se ha conseguido establecer la correlación de posicionamientos de los tres asesores con el contenido de los seguimientos reflejados en los partes. Los posicionamientos son coincidentes en todos y cada uno de los días, incluidos aquellos en los que las personas objeto de seguimiento se han ausentado de Madrid, visitando poblaciones cercanas". Los agentes Caro, Coronado y Oreja fueron contratados a dedo por el consejero de Interior de la Comunidad y secretario general del PP-Madrid, Francisco Granados.
La Audiencia Provincial hace un análisis del testimonio de estos tres agentes que supuestamente espiaron a Cobo y a Prada a lo largo del tiempo: "Las declaraciones de los tres asesores imputados en la causa por su imprecisión, vaguedad y ausencia de credibilidad juegan como indicio en su contra. Así, lo tres asesores negaron rotundamente cualquier relación con los hechos investigados en su declaración en sede policial. Una vez identificados sus teléfonos y sus posicionamientos coincidentes con los partes del seguimiento, pasaron a tratar de justificar su presencia casual en dichos lugares. Así, alegaron su presencia en los alrededores de Cibeles por la existencia de varias consejerías, dato que, obviamente, no explicaría ni su presencia sistemática en la zona, ni, mucho menos, cuando se trata de localidades de fuera de Madrid".
En Cibeles tenía su despacho el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. Todas las anotaciones de los partes de seguimiento relacionadas con Cobo coinciden con la presencia de los agentes en los alrededores de su despacho que certifican los posicionamientos de sus teléfonos móviles.
Las coartadas de los espías
Los tres magistrados de la Audiencia Provincial desmontan las coartadas de los supuestos espías: "En los seguimientos a localidades de Madrid, explicados tras la inicial negativa como reforzamiento de la seguridad de esas personalidades o esos actos, son incompatibles con que dichos movimientos permanecieran ocultos a la seguridad de los mismos y, sobre todo, son incompatibles con el hecho de que en numerosos partes relatan haber perdido al objetivo en determinado punto, así pues, no sabían adónde se dirigían. Es más, en algunos de los partes, se manifiesta que han perdido el objetivo por parte de medios, pues solo tenían cubiertas dos calles de las tres posibles, por ejemplo. Lo cual se aparta de cualquier idea de reforzamiento de la seguridad ordinaria".
La Audiencia Provincial también señala que otro agente, José Manuel Pinto, empleado de la Comunidad de Madrid, hizo anotaciones en los partes de seguimiento. Pinto fue identificado por una doble pericial caligráfica encargada por este periódico y por una tercera pericial que la juez ordenó realizar a la policía: "Los indicios existentes contra José Manuel Pinto", señala la Audiencia Provincial, "son igualmente contundentes, existe una pericial caligráfica que le considera autor de las anotaciones manuscritas que aparecen sobre algunos de los partes de seguimiento. A la causa se ha aportado pericial contradictoria que niega su autoría en dichas anotaciones. Esta sala no debe pronunciarse sobre la credibilidad de una u otra pericial. Ese es un tema propio de enjuiciamiento, cuando los peritos sean sometidos a contradicción y evaluada su pericia con el resto de las pruebas y pueda llegarse a una conclusión. Pero en este momento la prueba pericial del gabinete de la policía es indicio suficiente".
¿Y sobre Sergio Gamón, ex director general de Seguridad y que continuó en su puesto, protegido por Esperanza Aguirre, hasta que la exesposa de Gamón y exsecretaria de la propia Aguirre relató a este diario que su exmarido era el jefe del equipo de espionaje a las órdenes del vicepresidente Ignacio González? La juez nunca citó a esa testigo, que fue despedida de Telemadrid tras ser durante años persona de confianza de cargos del PP. El tribunal también ve suficientes indicios de delito contra Gamón en la causa. "Los indicios existentes contra Sergio vienen de las propias declaraciones de los asesores que reciben de él las instrucciones, así como de su dependencia orgánica del mismo, son sus subordinados directos".
Los cinco imputados
La Audiencia Provincial entiende que "las cinco personas imputadas tienen carácter de funcionarios", algunos como asesores del consejero de Interior y otros como empleados en ese departamento. "Y en virtud de esa condición tenían la disponibilidad sobre sus teléfonos móviles, vehículos, combustible y demás efectos necesarios para su labor como funcionarios. (...) Así pues, los indicios existen y son suficientes para la continuación de las diligencia".
La defensa de los imputados, que ejerce el letrado Enrique Molina, reclamó durante el procedimiento que el periodista de este diario que destapó los seguimientos debería revelar sus fuentes en el sumario para probar su veracidad. El tribunal considera que el trabajo periodístico está harto probado y no debe revelar fuente alguna. "Su testimonio ha servido como nottia criminis, que se ha visto refrendado por la profusión de diligencias que han ido confirmando la credibilidad de su testimonio. El derecho al secreto de sus fuentes es un derecho constitucional necesario al derecho de información y al derecho de la opinión pública a tener una información veraz, artículo 20 de la Constitución, es una garantía de la democracia". Y, por añadidura, "no es es el único indicio, no estamos en fase de juicio, ni de dictar una sentencia con ese único testimonio, ni es ilegítima la no revelación de la fuente por el periodista".
La Audiencia Provincial pide a la juez que recabe datos sobre los gastos de los supuestos espías para poder cuantificar la malversación de caudales públicos antes de abrir el juicio contra los mismos.
