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Justicia recela de Sortu por los 676 asesinatos de ETA con Batasuna legal

El letrado de la defensa 'abertzale' replica que son un "instrumento para la paz"

La Sala Especial del Tribunal Supremo se reúne desde las 10 de esta mañana para deliberar sobre la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos, después de que las partes concluyeran ayer sus informes finales. El abogado del Estado, Manuel Rivero, y el fiscal del Supremo, Antonio Narváez, concluyeron que Sortu es el "enésimo proyecto" de la izquierda abertzale para presentarse a las elecciones utilizando el "fraude de ley y el abuso de derecho". El abogado de Sortu, Iñigo Iruin, pidió la legalización para "construir un futuro sin violencia" en el País Vasco.

El abogado del Estado, Manuel Rivero, que durante los interrogatorios a los testigos policiales se mantuvo en un segundo plano, sorprendió ayer con un discurso breve, contundente y preciso, en el que tocó la fibra más sensible, los asesinatos de ETA: "Muchísimas voces reprochan que Sortu no llegue a legalizarse y dicen que, ahora que quieren, no les dejan hacer política. Hace 26 años, Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok eran legales y estaban en las instituciones. Tenían alcaldes, concejales, junteros y diputados. Y en ese periodo de 1977 a 2003 en que la izquierda abertzale era legal, ETA asesinó a 676 personas y no dijeron ni una palabra".

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Evocó después atentados como el de la casa cuartel de Zaragoza -en el que murieron cinco niños- o el "tratamiento" a disidentes como Yoyes. "Ese es el contexto", concluyó, "desde el que instamos a esta Sala a aplicar la Ley de Partidos Políticos".

El fiscal, Antonio Narváez, centró su intervención en el análisis de la prueba documental, la parte quizá más eficaz desde el punto de vista jurídico, pero también más abstrusa.

Para el fiscal, "la actitud de ETA es importante", ya que a veces "los silencios hablan más que las palabras". Narváez recordó que hasta que ETA sacó su comunicado de alto el fuego, no se constituyó el partido. "No estamos hablando de un nuevo escenario" prosiguió, "sino de algo que está sujeto a ETA y Batasuna, de una Batasuna que sigue la lucha política paralela a ETA". Para el fiscal, Sortu "no ha roto amarras con ETA" y está cumpliendo "aparentemente" la legalidad, pero, concluyó, "el hábito no hace al monje".

El representante de Sortu, Iñigo Iruin, dejó claro por qué muchos le consideran un gran abogado aunque le den pocas veces la razón. En un extenso y bien argumentado informe, combatió con eficacia las pruebas documentales de los demandantes, al significar que los informes policiales ocultaron "deliberadamente" el debate de rechazo a ETA en el seno de la izquierda abertzale. Un proceso, dijo, que ha "estrangulado cualquier espacio social y político para la practica de la violencia". "Carece de lógica", afirmó, "decir que Sortu depende de ETA, cuando sus documentos rechazan planteamientos violentos y se aboga por su desaparición. La lógica no puede soportar semejante contradicción", remató.

Rechazo a la violencia

En su análisis del "contraindicio", Iruin insistió en que Sortu rechaza la violencia de ETA tal como exige el artículo 9 de la Ley de Partidos Políticos: "Los demandantes dicen que es cuestión de creer o no creer, de fiarse o no fiarse. Pero ya no hay vuelta atrás: ETA hará lo que quiera, pero los cargos de Sortu están comprometidos con estas declaraciones en contra de la violencia".

El abogado insistió en que los estatutos de Sortu respetan el canon de legalidad formal y material y puso como ejemplo que prevén la expulsión si alguno de sus miembros incurre en un solo acto de legitimación, apoyo político o connivencia de la violencia terrorista. "Ya no cabe que ETA cometa un atentado y un cargo de Sortu trate de legitimarlo. Eso ya es motivo de expulsión".

Iruin concluyó que la legalización de Sortu no comporta "riesgo ni peligro inminente" para el sistema democrático, porque Sortu "estaría vigilada permanentemente" y el Estado cuenta ahora "con unos instrumentos de acción absolutamente contundentes". Pidió por último al Supremo que no ilegalice a esa marca porque Sortu, dijo, es "un instrumento indispensable para la paz".

Los abogados de Sortu, Adolfo Araiz e Iñigo Iruin (ambos a la izquierda), junto a los magistrados de la Sala del 61 del Supremo.
Los abogados de Sortu, Adolfo Araiz e Iñigo Iruin (ambos a la izquierda), junto a los magistrados de la Sala del 61 del Supremo.BERNARDO PÉREZ

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