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Zapatero apela a la reducción de accidentes para justificar el nuevo límite de velocidad

El presidente del Gobierno dice que los españoles asumirán la medida porque "salva vidas", como el carné por puntos

El Gobierno sigue sosteniendo que la reducción a 110 kilómetros por hora del límite máximo de velocidad es una medida coyuntural, pero las razones que utiliza para justificarla hacen pensar que tiene vocación de permanencia. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero apeló anoche, en una conversación informal con periodistas en el avión que le llevaba a Catar, donde ha iniciado una gira por la región, a tres argumentos: el ahorro, el respeto al medio ambiente y la reducción de la siniestralidad.

Zapatero reiteró que el ahorro rondará los 1.500 millones de euros, a pesar de que Hacienda dejará de ingresar más de 500 millones y ello porque, sostuvo, no se trata de recortar el gasto de las arcas públicas sino la factura que paga España por el consumo del crudo que tiene que importar. Apeló también a la lucha contra las emisiones de carbono recordando que incluso países productores de petróleo, como Noruega, han limitado la velocidad a 110; ya que, según dijo, tienen mayor sensibilidad medioambiental.

Finalmente se mostró convencido de que los españoles acabarán asumiendo una medida que "salva vidas", como el carné por puntos, pues ninguna sociedad puede convivir con la alta mortandad en carretera que tenía España hace pocos años. Es la primera vez que el Gobierno vincula la rebaja del límite de velocidad máxima en todas las autovías y autopistas españolas a partir del próximo 7 de marzo, con la reducción de los accidentes de tráfico.

Zapatero aseguró que la decisión es "de sentido común", calificó de "insólitas" las críticas que ha recibido por parte del PP y rechazó que se trate de una improvisación. Explicó que el Gobierno venía trabajando desde hace tiempo en una batería de medidas para el caso de que se produjera un alza en el precio del petróleo, como el que ha provocado la crisis de Libia, entre las que figuraba la limitación de la velocidad solo en los accesos de las ciudades, que se descartó porque su puesta en práctica resultaba más compleja y el ahorro menos significativo.