Los inmigrantes retornados tendrán prioridad para regresar a España

El Gobierno se compromete a que no pierdan derechos por volver a su país

PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL Madrid 3 FEB 2011 - 00:04 CET

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Los inmigrantes en España que decidan acogerse a la ayuda del Estado para regresar de manera voluntaria a sus países de origen serán "prioritarios" para España a la hora de considerar una posible vuelta. El plan de retorno voluntario a países fuera de la UE establece que la persona no puede regresar a España hasta tres años después de irse.

Todavía no hay nadie en esa situación, puesto que el programa se inició a finales de 2009, pero la directora general de Integración de los Inmigrantes, Estrella Rodríguez Pardo, adelantó ayer este dato a preguntas de un inmigrante durante un coloquio sobre políticas de retorno en la Casa de América de Madrid.

"Hay que hacer que los que se han ido en proyectos de retorno sean prioritarios al cabo de tres años", dijo Rodríguez. La responsable de Integración aclaró posteriormente que será una de las novedades del Reglamento de la Ley de Extranjería que prepara el Gobierno. Aún no está articulado de qué manera se ejercerá esa prioridad. El borrador del Reglamento estará listo la próxima semana para comenzar a recibir sugerencias de asociaciones de inmigrantes, aseguró Rodríguez.

Se han acogido a los planes de retorno casi 24.000 personas

La directora general aportó este dato mientras respondía sin tapujos a un inmigrante que, durante el coloquio celebrado ayer, le propuso que en el nuevo reglamento se elimine la limitación de los tres años para el regreso como incentivo para que más inmigrantes se acogieran a este plan. Ese límite, argumentaba, hacía que muchos tuvieran miedo a cerrarse las puertas de España para siempre. "Nos podríamos encontrar con viajes de dos o tres meses. Hay que evitar la picaresca para no estar pagando viajes de ida y vuelta", contestó Rodríguez. "Perdonad que sea así de cruda".

Desde que se aprobó la nueva Ley de Extranjería, en diciembre de 2009, existe un programa de retorno voluntario de inmigrantes al que ya se han acogido 23.435 personas, según las cifras aportadas ayer por Rodríguez. Existen tres alternativas. La primera consiste en que el inmigrante puede capitalizar la prestación por desempleo que le corresponde por haber cotizado en España y llevársela a su país. Es la opción principal, a la que se han acogido ya 17.168 personas. A todos ellos se les paga el billete de avión y los desplazamientos.

La segunda es el llamado "retorno social", en el que se ayuda a personas sin recursos, a los que se les paga el billete de avión, traslados y 400 euros para instalarse. Por último, existe una opción llamada "retorno productivo", en la que se ayuda al inmigrante a montar un negocio en su país con 1.500 euros, que pueden ser hasta 5.000 si es una cooperativa. Sólo 99 personas se han acogido a esta fórmula en este año y medio de funcionamiento.

"Es el momento de hacer un análisis crítico", dijo la directora general de Integración. Para ello aprovechó el coloquio en la Casa de América junto con el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en migraciones Carlos Jiménez y representantes de la asociación de ayuda a bolivianos Acobe, que presentó un estudio sobre las causas del retorno y su impacto en las familias.

Rodríguez tuvo así oportunidad de escuchar al profesor Jiménez reprocharle cara a cara que "el apoyo económico [del plan] es insuficiente". "Pido que el cálculo económico se relacione con la aportación de los inmigrantes a la economía", dijo Jiménez.

Una inmigrante boliviana expuso el caso de su país, con el que no hay aún convenio de Seguridad Social. Estrella Rodríguez afirmó que "es una pena" que no exista ese convenio. Y aportó un dato que revela la importancia de este instrumento jurídico. Los que más se han acogido al plan para llevarse a su país la prestación por desempleo (una media de 9.000 euros) son ecuatorianos, colombianos y argentinos. Sin embargo, los que más han acudido a la versión del programa de retorno para los más humildes, el llamado "retorno social", diseñado para situaciones de pobreza, son bolivianos. La gran mayoría llegó después de 2007 y el hundimiento del empleo les ha pillado con pocos meses en España.

A propósito de estas situaciones, Rodríguez aseguró que los inmigrantes que retornen a sus países no van a perder sus derechos. Así es con la cotización por su trabajo, pero también en otros aspectos, como por ejemplo los trámites para obtener la residencia. Si llevaban dos años en España y les quedaban tres para obtener la residencia, por ejemplo, y vuelven a su país, el día que regresen "no empezarán de cero", sino que esos dos años cuentan con resididos en España.

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Alba, ecuatoriana de 58 años, el día que regresaba a su país tras haberse quedado sin trabajo en España, en mayo de 2009. / CARLOS ROSILLO

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