"Zaragoza tiene una estrategia para torcer el brazo a Garzón en el 'caso Guantánamo"

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional estudió tres veces con EE UU los pasos a seguir para lograr archivar la causa

CARLOS E. CUÉ Madrid 30 NOV 2010 - 23:07 CET

EL PAÍS

La Embajada de Estados Unidos trabajó a fondo en la primavera de 2009 para frenar una querella presentada en la Audiencia Nacional por crímenes de guerra y torturas en la prisión de Guantánamo (Cuba). El escrito, elaborado por un grupo de abogados afincados en España, iba dirigido contra los seis asesores jurídicos del Gobierno de George W. Bush que habían diseñado la arquitectura legal que sustentaba Guantánamo, entre ellos el ex fiscal general Alberto Gonzales o David Addington, ex jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney.

El 28 de marzo, la prensa da cuenta de que el juez Baltasar Garzón ha reactivado el caso al preguntar a la fiscalía si debía o no admitir la querella. Para evitar que prosperase este asunto clave, la legación diplomática presionó a miembros del Gobierno y, sobre todo, a la fiscalía, de la que, según los cables confidenciales, recibieron apoyo y asesoramiento. La investigación, que finalmente abrió a través de otra querella Garzón, especialista en asuntos de jurisdicción internacional, fue la primera en el mundo que cuestionaba el limbo de Guantánamo y alcanzó inmediata notoriedad.

El fiscal reveló a EE UU los pasos que daría antes de que fueran públicos y ofreció consejo jurídico

La embajada: "Un procesamiento tendría unenorme impacto en las relaciones bilaterales"

El primer paso de la embajada recogido por los cables confidenciales se remonta al 31 de marzo de 2009 . Ese día los diplomáticos contactaron con el jefe de Gabinete del entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, Agustín Santos, para decirle que el Gobierno de EE UU consideraba "un problema serio" que se abriera una causa en España por las supuestas torturas en Guantánamo. Acto seguido, los funcionarios estadounidenses se centraron en el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. William Duncan, consejero político de la embajada, y una asesora jurídica fueron a verle a su despacho de la Audiencia, en la calle de Génova, el 1 de abril de 2009. "Nos explicó que él decidiría si había que abrir una causa criminal. Las pruebas estaban encima de la mesa de su despacho en cuatro carpetas rojas de un pie de altura", describe Duncan en un cable fechado ese mismo día.

La narración de la reunión que hacen los funcionarios de EE UU muestra que la visita al fiscal les proporcionó importantes claves del asunto. "Zaragoza dice que la querella está bien documentada y no tendrá otra opción más que abrir el caso. Sin embargo, visiblemente molesto con el hecho de tener que enfrentarse a este asunto, dijo que no tenía prisa para proceder y que en cualquier caso él propondría que la causa no fuera asignada a Garzón. Admitió que Garzón podía reclamarla, pero insistió en que él pediría que se ocupara Ismael Moreno, que estaba siguiendo el caso de los vuelos de la CIA. Zaragoza aseguró que si Garzón obvia sus peticiones, él apelaría". Es lo que ocurrió, 15 días después.

El fiscal jefe, según el relato que hizo la embajada, tranquilizó a los representantes de los querellados y les aconsejó además una estrategia de defensa. Si el Gobierno de EE UU abriera su propia investigación, les sugirió Zaragoza según narra el cable confidencial, España no podría reclamar la jurisdicción universal. "Es la fórmula que él preferiría" y que definió como la "única salida" para el Gobierno de EE UU, recoge el mensaje confidencial.

Zaragoza, según la misma fuente, citó el caso de unos oficiales israelíes imputados por un ataque a Gaza en 2002 y aseguró que él "iba a pedir que se cerrara el caso en cuanto tuviera conocimiento formal de que Israel ha abierto su propia investigación".

Ante esta posibilidad, la embajada anuncia en un cable confidencial: "Exploraremos con más detalle esta opción con Zaragoza (formato, timing, cuánta información necesitamos) aunque dejando claro que aún no se ha tomado una decisión".

En ese encuentro, el fiscal jefe no ahorra críticas al juez ante los representantes de EE UU. El relato de la embajada le atribuye las siguientes palabras: "Zaragoza añadió que la imparcialidad de Garzón está bajo sospecha, dadas sus críticas públicas a Guantánamo y la guerra de EE UU contra el terrorismo".

"Hacemos notar que, entre otras cosas, Garzón hizo un documental en 2008 extremadamente crítico con el papel de EE UU en Irak y Afganistán y en agosto de 2008 dijo que Bush debería ser juzgado por crímenes de guerra", añaden los diplomáticos como análisis tras las palabras de Zaragoza. El documental aludido llevó por título "Las tinieblas del poder, sobre las cárceles de Guantánamo o Abu Ghraib", y fue emitido por TVE.

La embajada no se conforma con esta gestión judicial y sigue moviendo las piezas a su alcance, sobre todo en la parte política. Ese mismo 1 de abril habla con Aurora Mejía, directora general de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio de Justicia, quien contesta que la justicia española es independiente, pero asegura que la reacción en el ministerio ante la querella fue de "horror", según relata el cable enviado a Washington.

Los esfuerzos de Estados Unidos para enterrar la querella siguen. El 13 de abril, el senador Judd Gregg, de viaje por España, en un aparte durante una reunión con Moratinos, habla con el director general para Norteamérica y Europa, Luis Felipe Fernández de la Peña, quien lamenta el caso y asegura que Exteriores "no está de acuerdo con los esfuerzos por aplicar la jurisdicción universal en este tipo de casos", según recogió la embajada en un cable.

Y, al día siguiente, reaparece en escena el fiscal jefe de la Audiencia Nacional. El 14 de abril, según una nota confidencial, es Javier Zaragoza quien llama a la asesora jurídica de la embajada para contar que "ha estudiado mejor el caso, que es difícil establecer qué tipo de delito habrían cometido los oficiales de EE UU, y que la querella va más dirigida contra la política del Gobierno de EE UU que contra nadie en concreto". Zaragoza informa a la embajada de que va a hablar con su jefe, Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, "y espera que él deje claro en público cuáles son las reglas básicas para que España trate las querellas que afectan a la jurisdicción universal", según recoge el cable de enviado a Washington. El fiscal vuelve a detallar a EE UU su estrategia para apartar de la causa a Garzón: "Zaragoza insiste en que él pedirá que el caso sea encargado al juez Ismael Moreno y no a Garzón, y si este no acepta, apelará", cuenta la embajada.

Las presiones políticas se multiplican. El 15 de abril, el senador republicano Mel Martinez, de origen cubano, y el encargado de negocios de la embajada, Arnold Chacon, se reúnen con Angel Losada, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, y le dicen que el procesamiento "no sería entendido o aceptado en EE UU y tendría un enorme impacto en las relaciones bilaterales", según otro cable de la Embajada. Losada le contesta que aunque no tienen mucho margen, le dirán a Conde-Pumpido que la posición oficial es que el Gobierno español "no está de acuerdo con la Audiencia Nacional".

Los estadounidenses, tras la llamada de Zaragoza a la embajada, esperan la respuesta en público de Conde-Pumpido. Llega solo un día después de esa conversación. El 16 de abril, para satisfacción de la embajada, que lo deja claro en un cable, Conde-Pumpido ofrece una conferencia de prensa en la que califica de "fraudulenta" la querella y anuncia que la fiscalía se opondrá. "Si hay evidencias de actividad criminal por parte de oficiales de EE UU, debe abrirse un caso en EE UU. Admitir la querella sería como convertir la jurisdicción universal en un juguete en manos de personas que buscan protagonismo", remata el fiscal general. Esta conferencia de prensa, según el análisis que hizo la Embajada de Estados Unidos en Madrid, "supone más presión para Garzón", que aún está esperando el informe de la fiscalía para ver cómo puede hacer para quedarse con este caso.

Pese a las críticas de Conde-Pumpido, la propia embajada coincide con Zaragoza en el análisis de que la querella estaba muy bien preparada. "El consejero jurídico de la embajada cree que la querella se preparó con la ayuda de abogados fuera de España, tal vez con la colaboración de ONG como Human Rights Watch , en cualquier caso alguien que conoce el sistema legal de EE UU mucho mejor de lo que es habitual entre los abogados españoles", señala otro cable.

La embajada hace incluso un estudio del líder de los abogados que presentan la querella, Gonzalo Boye: "De origen chileno, fue miembro del Movimiento Internacional Revolucionario [se refieren al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR]. Estuvo ocho años en la cárcel por participar en un secuestro en 1988 de un empresario, financiado en parte por ETA". Se refieren a Emiliano Revilla. Boye fue condenado por facilitar información para ese secuestro. Él siempre se declaró inocente.

Ese mismo 16 de abril, en una entrevista a la cadena CNN en español, Obama deja clara su opinión sobre el asunto. Y admite que su Gobierno ha hablado con el español sobre el caso, aunque él no ha contactado directamente con Zapatero. Insiste en que quiere cerrar Guantánamo -aún no lo ha hecho, un año y medio después- pero se muestra claramente en contra de la vía judicial para depurar responsabilidades. "Estoy más interesado en mirar hacia delante que hacia atrás", señala.

Finalmente, al día siguiente, 17 de abril, Zaragoza cumple lo prometido. El fiscal de la Audiencia Carlos Bautista presenta un informe que se corresponde con lo que se anunciaba en un cable a Washington 15 días antes, tras la primera reunión de los enviados de EE UU con Zaragoza.

El escrito pedía, en primer lugar, que se archivara el caso porque los querellantes -la Asociación pro Dignidad de Presos y Presas de España- no intentaron abrirlo en la "jurisdicción preferente", es decir, EE UU. En caso de que esa primera petición no se atendiera, se reclamaba que el caso fuera al juzgado de Ismael Moreno porque en el de Garzón, "no puede afirmarse la existencia de antecedente alguno" sobre la causa, mientras que en este último se investigaban los vuelos de la CIA.

El 27 de abril, Garzón mueve pieza otra vez. Se dirige directamente a Moreno para preguntarle si existe alguna relación entre la causa de los vuelos y la de Guantánamo. Moreno lo niega el 7 de mayo y Garzón pide a EE UU que le informe sobre si existe algún proceso abierto en ese país, una forma de empezar a investigar el asunto.

Ante el movimiento de Garzón del 27 de abril, la embajada acude de nuevo al fiscal jefe de la Audiencia Nacional. El 4 mayo, Zaragoza dice a los asesores americanos que está dispuesto a combatir también el último movimiento de Garzón. Zaragoza, según el cable enviado a Washington, asegura que ha hablado con Garzón, se ha enfrentado a él y le ha preguntado si con este movimiento "está tratando de aumentar el caché de sus conferencias". El juez le contestó, según esta versión, que lo estaba haciendo sólo "for the record" y que después lo dejaría morir. "Una vez que ha conseguido su titular, Garzón abandonará el asunto", remata Zaragoza.

En caso de que no lo haga, según la embajada, "Zaragoza tiene una estrategia para retorcer el brazo" del juez. El fiscal explica a los funcionarios estadounidenses que "cuando Garzón investigó casos de terrorismo vinculados a presos de Guantánamo, ordenó a la policía que visitara la prisión para recoger pruebas". El fiscal cuenta que puede usar este caso para "avergonzar" a Garzón, ya que se puede sugerir que el juez "de alguna manera toleró en 2004 la forma de EE UU de tratar a los prisioneros". "Garzón no hizo nada cuando los presos volvieron a España y le contaron los malos tratos que habían sufrido", insiste el cable.

Por tercera vez, según el mismo cable que da cuenta de esa reunión del 4 de mayo, Zaragoza explica su estrategia a los representantes de EE UU, y estos se la cuentan a Washington: primero intentará convencerlo recordando su actuación, "si no lo logra le pedirá formalmente el archivo y si ignora esta petición, apelará".

El fiscal explica, según la embajada, que cuenta con otro as en la manga: asegura que Garzón ya tiene muchos problemas por la causa abierta contra él por la memoria histórica, y duda de que se arriesgue a una segunda querella. Zaragoza insiste en aconsejar a EE UU que abra una investigación allí para que el caso decaiga en España.

Pese a la información del fiscal jefe de la Audiencia, la embajada avisa a Washington de que luchar contra Garzón no es fácil y no son optimistas. "Creemos que Zaragoza actúa de buena fe y está jugando un papel constructivo, pero ¿por qué Garzón, amante de la publicidad, iba a renunciar a este caso, una auténtica máquina de hacer titulares, si no le obligan? No creemos que las amenazas disciplinarias le hagan dar marcha atrás, ya que podría agradecer precisamente la posibilidad del martirio, a sabiendas de que el caso atraerá la atención mundial. Creemos que tendremos que lidiar con este asunto durante bastante tiempo".

La embajada avisa de que Zaragoza tenía previsto viajar a Washington en junio, y se podría aprovechar para que altos mandos del Gobierno de EE UU -se habla incluso del fiscal general, similar al ministro de justicia español- puedan tratar el asunto con él.

Los estadounidenses eran pesimistas, y acertaron. El 29 de octubre de 2009, Garzón admite a trámite la querella del marroquí Lahcen Ikassrien y tres meses después, el 27 de enero de 2010, lanza definitivamente su investigación al dar curso al resto de las querellas.

La respuesta, también avanzada por Zaragoza a los diplomáticos estadounidenses, es un recurso de apelación contra el caso. A EE UU le llega una nueva victoria solo tres meses después de que Garzón asumiera el caso. Tal como avanzó Zaragoza, los problemas del juez con la memoria histórica acabaron con él.

Ahora es la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que tiene la última palabra sobre el caso. La ponencia de su presidente, Javier Gómez Bermúdez, se debatirá en el pleno en las próximas semanas. Pero el caso, según fuentes del tribunal, tiene todas las papeletas para quedar archivado. Estados Unidos habrá logrado así su objetivo.

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Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, en las inmediaciones del tribunal, en Madrid en noviembre de 2009. / GORKA LEJARCEGI

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