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Aguirre equipara la 'kale borroka' con el 'botellón' o los 'graffitis'

La Comunidad de Madrid usa como modelo la legislación contra la violencia callejera de responsabilizar económicamente a los padres de los menores infractores

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha dicho que la kale borroka disminuyó drásticamente y hasta desapareció cuando se responsabilizó a los padres de lo que hacían sus hijos y que lo mismo se quiere conseguir en Madrid, obligando a las familias a pagar los daños que causen los menores. Aguirre, que ha colocado hoy la primera de un colegio concertado en San Martín de la Vega, ha explicado los pormenores de una de las novedades recogidas en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2011, la conocida como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad, cuyo proyecto fue aprobado ayer por el Gobierno regional.

Ese proyecto de Ley, ha indicado la presidenta, recoge "una petición muy atinada" del Ayuntamiento de Madrid y de otros municipios de la Comunidad, que el Gobierno regional ha querido atender, ha dicho, de acuerdo con el principio constitucional y "absolutamente básico" de autonomía municipal. En uno de sus apartados, el proyecto de Ley señala que los padres de los menores que sean sorprendidos haciendo pintadas en la vía pública o botellón, correrán con los gastos que ocasione la reparación de esos desperfectos ya que, según ha indicado la presidenta, los chavales "no tienen solvencia" para afrontar las sanciones. En este sentido, Aguirre ha recordado que en el País Vasco, "cuando la kale borroka quemaba contenedores y autobuses" y realizaba actuaciones violentas contra bienes municipales, "se responsabilizo a los padres de lo que hacían sus hijos" y el resultado fue que esas actuaciones disminyeron "de una manera drástica y en algunos casos, como en Navarra, desaparcieron", ha afirmado.

La nueva norma prevé también que los Ayuntamientos gestionen las sanciones directamente sin remitirlas al Gobierno regional, que solo tramita el 10% del total, según los últimos datos disponibles de 2008.

La Ley Antibotellón establece sanciones de 360 euros por beber en la vía pública, un correctivo que no necesariamente es cosa de menores. La Policía Municipal de Madrid impuso 6.089 multas en septiembre a gente que bebía en la calle. Solo tres eran menores.

En el caso de las pintadas, los padres responderán tanto de la multa como del coste de la reparación de los daños ocasionados por los grafitis en la vía pública según la medida, que plantea dudas.Fuentes judiciales tacharon ayer de "ilegal" o "inconstitucional" el plan de responsabilizar a los padres de las sanciones que se impongan a sus hijos por el botellón porque las multas administrativas no pueden derivarse a persona distinta de la que ha incurrido en el hecho sancionado.

Dichas fuentes reconocieron como cierto que en el declive de la kale borroka en Navarra y el País Vasco fue determinante una reforma de la Ley del Menor que estableció claramente que los padres eran responsables económicamente de los desmanes que cometieran sus hijos menores. Pero aquello se trataba de un ilícito penal, del que los padres respondían subsidiariamente de los daños causados por sus hijos menores de edad.

Las fuentes consultadas explicaron que los padres responden civilmente de las acciones de sus hijos por culpa in vigilando y son responsables civiles subsidiarios por los delitos o faltas que cometan sus hijos menores de edad. Sin embargo, las sanciones administrativas que se impongan por el botellón no pueden derivarse a los padres, según las fuentes consultadas, porque sería "ilegal". Los padres si responderían de los daños si los practicantes del botellón incendian papeleras. Y también de los grafitis, puesto que causan daños en la propiedad.