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Principio de acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional

El PP acepta retirar a su candidato Enrique López y sustituirlo por un catedrático para hacer posible los cambios

Los dirigentes del PP y del PSOE en el Senado han alcanzado un principio de acuerdo, según fuentes de ambas formaciones políticas, para poner fin al bloqueo en la renovación de cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional que deberían haber sido sustituidos hace tres años porque habían cumplido su mandato.

Los cambios suponen la imposición de una línea más progresista dentro del estamento, apoyada por Dolores de Cospedal. En detrimento de la opción avalada por Federico Trillo que pretendía prorrogar la actual situación de bloqueo.

El PP va a proponer al catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, en sustitución de Enrique López. Pérez de los Cobos es director del Departamento de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Complutense.

El bloqueo era debido a que uno de los candidatos propuestos por el PP, el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, no reunía los requisitos legales exigidos para ocupar un puesto en el Tribunal Constitucional dado que carecía de la antigüedad como juez requerida, según los servicios jurídicos del Senado.

El PP, que recurrió contra esta decisión y que sigue sin estar de acuerdo, ha aceptado sustituir a López por otro candidato y, de esa manera, hacer posible la renovación. Con estos cambios, el Tribunal Constitucional pasará de un equilibrio entre magistrados progresistas y conservadores, a una mayoría absoluta de magistrados elegidos a propuesta del PSOE.

PSOE y PP han negociado en paralelo la renovación de los cuatro magistrados del Constitucional que nombra la Cámara alta y los cuatro que escoge el Congreso, además de otros nombramientos pendientes, como el Defensor del Pueblo. El PP mantenía bloqueada este proceso al entender que la actual composición, con un tercio de sus miembros con el mandato expirado, favorecía sus intereses, especialmente, el de conseguir tumbar la Ley del Aborto, que recurrieron ante el alto tribunal.