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El PSOE acepta garantizar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica

Pacta con Joan Herrera (ICV) una moción que acepta "reformas normativas" para garantizar las exhumaciones

El Pleno del Congreso aprobará esta tarde una moción de Joan Herrera (ICV) sobre memoria histórica que incluye garantías de la Administración del Estado para exhumar los restos de las víctimas de la Guerra Civil. Herrera ha llegado hoy a un acuerdo con el PSOE para modificar su texto inicial y se incluye el compromiso de "impulsar reformas normativas" para garantizar esas exhumaciones.

ICV entiende que el Gobierno acepta estudiar la reforma de la Ley de Memoria Histórica, pero fuentes del Gobierno aseguran que sólo se prevé la aprobación de una orden ministerial que garantice que las comunidades cumplen con las exhumaciones.

Según Herrera, "hoy el Congreso dirá que el juez Garzón no puede ser incriminado" por perseguir los crímenes del franquismo.

El texto pactado señala que "el ordenamiento jurídico vigente en España obliga, de modo indudable y suficiente, a la persecución de los crímenes contra la humanidad y de genocidio, en los términos y con el alcance recogido, entre otros, en el Pacto Internacional de los derechos Civiles y Políticos, en el Convenio para la sanción del genocidio y en resto de la legislación nacional e internacional que nuestra Constitución recoge y ampara".

Añade que "el Congreso muestra su respeto a los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, al tribunal Constitucional, al Tribunal Europeo de derechos Humanos y al resto de tribunales internacionales legítimamente constituidos".

Y se insta al Gobierno a "transformar y potenciar la oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, son sede en el Ministerio de Justicia, para que, además de su función de atención y asesoramiento a los ciudadanos, asuma la dirección y coordinación de todas las políticas públicas vinculadas a la aplicación de la Ley de memoria histórica, tanto en el seno de la Administración general del estado, como en las relaciones con las demás admninistraciones públicas competentes".

Añade que el Gobierno debe "garantizar la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo, así como la divulgación de los resultados, pasando a ser esta una política pública e institucional garantizada por el conjunto de Administraciones y por la Administración General del Estado con carácter subsidiario. Para ello se impulsarán las reformas normativas necesarias".

Concluye instando a "conmemorar de forma solemne la declaración del Congreso de condena expresa de los diputados al régimen franquista y de apoyo a las víctimas del franquismo".