Interior desoye al Defensor del Pueblo y expulsa a una nigeriana amenazada de muerte

La mujer, embarazada de dos meses, fue explotada sexualmente en España.- Varias ONG denuncian que no ha tenido opción para regularizar su situación

ANTONIO FRAGUAS Madrid 17 MAR 2010 - 18:02 CET

Acaba de llegar a Nigeria, su país de origen, donde -afirman las ONG- está amenaza de muerte y debe 20.000 euros al tratante de seres humanos que la envió a España en 2006. Aquí fue sometida a explotación sexual. Tiene 25 años y está embarazada de dos meses. En Nigeria, un país que vive inmerso en una oleada de violencia , se ha perdido su rastro. La vida de esta mujer, aseguran desde las ONG, corre peligro, pero eso no ha evitado que el Ministerio del Interior, a través de la Delegación del Gobierno en Madrid, haya decidido expulsarla hoy al alba. Y al hacerlo se ha ceñido a dos sentencias judiciales, pero ha desoído dos peticiones de la Oficina del Defensor del Pueblo. Fuentes de la Delegación del Gobierno han recordado que se limitan a cumplir las resoluciones judiciales firmes que hay sobre este caso y que no tenían más opción. Una fuente del Ministerio del Interior ha señalado que en todo momento se han respetado los derechos de esta persona y que no les consta que esté amenazada de muerte.

La mujer expulsada ha permanecido un mes en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. "Hemos llamado al director y nos ha dicho que se la habían llevado a las siete de la mañana". Habla al teléfono Viviana Waisman, la directora ejecutiva de la ONG Women's Link , organización integrada en la Red Española contra la Trata de Personas , que denunció ayer que las autoridades han negado a la mujer expulsada el derecho al periodo de restablecimiento y reflexión. Son 30 días que sirven para que una persona amenazada, sin papeles y sin esperanza decida romper el terror, confiar en alguien y denunciar a sus explotadores.

María Luisa Cava de Llano, adjunta al Defensor del Pueblo considera "desmesurada" la aplicación de una medida "tan dura como la expulsión". Su oficina envió dos recomendaciones en las que se pedía que se demorara la expulsión. La primera, el 12 de marzo, fue remitida tanto a la Delegación del Gobierno como a la Comisaría General de Extranjería y Documentación. Sólo respondió la policía, desestimando la prórroga de la expulsión.

El Ministerio del Interior señala que la mujer solicitó por dos veces a dos juzgados distintos que se suspendiera la medida de expulsión. En ambos casos los tribunales decidieron que no hay indicios de riesgo para su integridad si regresaba a su país. Además, cuando ingresó en el CIE, relata esta fuente, la mujer pidió acogerse al artículo 59 bis de la legislación de extranjería, una norma que busca que las personas víctimas de trata denuncien. Según Interior, tras una entrevista con la policía y "a la vista de sus declaraciones se entiende que no ha sido víctima de trata". La mujer declaró entonces, siempre según esta fuente, que ejercía la prostitución "libremente" en Villaverde y que "tenía libertad de movimientos, vivía sola, sin ningún tipo de compañía; que vino a España sin relación con una red, en patera, y que sólo una persona financió su viaje". La mujer sí declaró haber recibido "llamadas amenazantes" desde Nigeria, pero no que tuviera familiares allí que pudieran ser víctimas de esas amenazas.

En cuanto a su estado de gestación, que también podría ser una causa para retrasar la expulsión, Interior asegura que se le realizaron análisis médicos tanto a ella como al feto y se determinó que el viaje no supondría riesgos para ambos.

Pese a todos estos datos, la Oficina del Defensor del Pueblo emitió ayer una segunda recomendación a las autoridades policiales del Aeropuerto de Barajas y a la Delegación del Gobierno, para retrasar la expulsión. La respuesta ha llegado esta mañana, cuando el posible daño ya estaba hecho. La Delegación del Gobierno reitera que no hay lugar para demorar la expulsión porque hay dos resoluciones judiciales firmes al respecto y porque no consta que la mujer haya intentado regularizar su situación.

Sin embargo, las ONG aseguran que la joven fue detenida a las puertas de la comisaría de Coslada (Madrid) con todos los formularios en la mano, cuando se disponía a iniciar los trámites para conseguir los papeles. "No concuerda la información dada por las ONG con el escrito enviado por la Delegación del Gobierno", señalan desde la oficina del Defensor del Pueblo.

Petición de asilo

Por otra parte, fuentes de las ONG aseguran que esta mujer había iniciado los trámites para pedir asilo político. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) habría realizado un informe favorable a dicha petición, señala Waisman. Hoy la sección española de este organismo ha difundido un comunicado en el que expresa su preocupación ante la posible expulsión. "ACNUR lamenta que los avances positivos alcanzados en el contexto legislativo español para la lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas, no se estén aplicado adecuadamente en el caso de esta persona, pese a la actuación y recomendaciones de entidades como el Defensor del Pueblo y organizaciones especializadas en la materia como Proyecto Esperanza o Women's Link", señala la nota.

¿Qué ocurrirá ahora con esta mujer? "Vamos a intentar localizarla", afirma Waisman, la directora ejecutiva de Womens's Link, "ella tiene nuestros datos de contacto en caso de que algo le pase". Su ONG tuvo conocimiento del caso de esta nigeriana la semana pasada, cuando los plazos ya se estaban agotando. "No tuvimos tiempo de crear las condiciones necesarias para que esta persona confiara en nosotros. Sólo pudimos entrevistarnos con ella una vez, en el CIE, la semana pasada", señala Waisman, quien relata que llegaron a esta mujer a través de otras organizaciones de la Red Española contra la Trata de Personas.

Conseguir que estas mujeres confíen en alguien es muy difícil. Las redes que trafican con mujeres y las explotan sexualmente amenazan de muerte a ellas, aquí, y a sus familias en su país de origen. Para ello utilizan cualquier forma de extorsión, incluso recurren a supersticiones como el vudú.

Women's Link va a lanzar una batería de medidas: va a recurrir la decisión administrativa de la expulsión y va a elevar sendas quejas ante el Relator Especial de la ONU sobre la trata de personas y ante el Grupo de Expertos contra el Tráfico de Seres Humanos (GRETA, en sus siglas inglesas). Quizá ya sea demasiado tarde.

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