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El PP cuestiona los procesos judiciales que utilizaron el sistema Sitel

El Grupo Popular acusa sin pruebas y vuelve a poner en cuestión el estado de derecho

El enfrentamiento entre PP y PSOE por la supuesta utilización política de las instituciones del Estado alcanza un nuevo estadio. Si Esteban González Pons acusaba el miércoles al Gobierno de utilizar un sistema de escuchas "ilegal" y sin control judicial, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este jueves que el hecho de que no haya una ley orgánica que regule el uso de Sitel afecta a todos los procedimientos judiciales en los que se haya utilizado. Es decir, alienta la posibilidad de que pueda invocarse para pedir la anulación de los procedimientos por supuesta vulneración de derechos fundamentales.

Según Sáenz de Santamaría, el Gobierno debería haber promovido la aprobación de esa ley orgánica cuando se puso en marcha el sistema para garantizar el respeto a esos derechos fundamentales.

Sin embargo, el Supremo ya desestimó en febrero de 2008 un recurso en ese sentido de la Asociación de Internautas, cuyo presidente, Víctor Domingo, estaba en el acto de Pons. La sentencia, con un voto discrepante, dice que los pinchazos los cubren la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 579) y la Ley Reguladora del Control Judicial Previo del CNI, ambas orgánicas y que implican que el pinchazo lo autorice el juez.

El Supremo añade que la reserva de ley orgánica a la que obliga la Constitución (artículo 18.3) "no tiene por qué extenderse a todas y cada una de las cuestiones accesorias o instrumentales relacionadas con dichas interceptaciones". Es decir, que una ley orgánica no tiene por qué regular si se graba con un ordenador por Sitel o con magnetófonos.

Sin embargo, el PP presentará una iniciativa en breve para promover esa reforma legislativa, según ha anunciado Sáenz de Santamaría. También para que la Comisión de Justicia del Congreso pueda hacer un seguimiento del uso que se hace del sistema de interceptación de comunicaciones.

Por su parte, el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, ha asegurado que "si alguien ha cometido el disparate de utilizar el sistema Sitel de escuchas sin autorización, debe ser sancionado". Ahora bien, si "alguien acusa sin pruebas también sobre él, debe caer el peso de la ley".

Alonso, que fue ministro del Interior en 2004 nada más llegar al poder el PSOE, asegura que "la policía y la guardia civil no recibe órdenes políticas" sino de su labor de investigación depende "funcionalmente de los jueces". Ahora bien, en el PSOE y el Gobierno saben perfectamente que el Grupo Popular no va "a soltar este hueso" y se preparan para esta ofensiva una vez que insisten a pesar de que el Gobierno "ha demostrado que el PP fue quien lo puso en marcha", insisten en fuentes socialistas.

El portavoz, además, ha retado al PP a denunciar los casos en lo que se hayan conculcado los derechos de las personas.

A la polémica se han sumado otros grupos como el PNV que, a través de Emilio Olabarría, ha pedido explicaciones al PSOE y al PP sobre la forma en que se realizan las escuchas.

Olabarría ha dicho a Europa Press que "existe la obligación política e incluso ética de explicar lo que está ocurriendo".

El CGPJ dice que todas las escuchas son autorizadas por un juez

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha dicho que le consta que todas las escuchas telefónicas han sido autorizadas previamente por un juez, además de fundamentadas y justificadas por una resolución judicial. "No me consta denuncia en otro sentido", ha añadido Bravo en unas declaraciones en Antena 3.

Bravo ha explicado que el CGPJ emitió un informe en 2004 sobre el SITEL en el que exigió que en todo momento sea la autoridad judicial la que controle las intercepciones y que no haya indefinición sobre quién tiene que hacerlo.

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