CDC suspende temporalmente de militancia a Macià Alavedra y Lluís Prenafeta
El PSC expulsará el lunes a sus tres militantes implicados: el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, el teniente de alcalde Manuel Dobarco y el director de servicios municipales Pascual Vela
El comité ejecutivo de CDC ha decidido suspender temporalmente de militancia a los dos ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, que se encuentran en prisión por su supuesta vinculación con una trama de corrupción urbanísica.
El portavoz del grupo de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, ha sido el encargado de informar hoy en rueda de prensa de la decisión que ha tomado CDC después de que el juez Baltasar Garzón decretara anoche la prisión para el ex conseller de Economía, Macià Alavedra, y el ex secretario general de Presidencia, Lluís Prenafeta.
Hasta ahora, CDC se había opuesto a tomar ninguna medida respecto a la militancia de estos ex altos cargos hasta conocer la decisión del juez Garzón y se había limitado a esperar que fueran Alavedra y Prenafeta los que presentaran por iniciativa propia su baja para evitar cualquier perjuicio para el partido.
Por su parte, el PSC ya ha anunciado que el próximo lunes expulsará del partido a sus tres militantes implicados: el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, el teniente de alcalde Manuel Dobarco y el director de servicios municipales Pascual Vela.
Prisión incondicional
Este viernes, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretó prisión incondicional para los cinco políticos del PSC y CiU por la trama inmobiliaria de la Operación Pretoria, entre ellos, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. Garzón también decretó la prisión incondicional para el presunto cerebro de la trama, el ex diputado autonómico expulsado del PSC Luis García, Luigi; para el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz (PSC), y el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, informa Julio M. Lázaro.
El juez atribuye a Lluís Prenafeta y a Macià Alavedra haber percibido al menos 637.590 euros cada uno por operaciones inmobiliarias en Sant Andreu de Llavaneres (Opeación Niesma) y en Badalona, "no excluyéndose otras cantidades", según el auto del juez. Alavedra, además, dispone de cantidades fuera de España y ha desarrollado "actividades de blanqueo de capitales".
Los empresarios imputados -Lluís Casamitjana, presidente del grupo Espais, y el de Proinosa, Josep Singlá- podrán eludir la prisión si pagan antes de las 13.00 horas del lunes una fianza de 500.000 euros. Manuel Carrillo, consejero delegado de Limasa, quedó en libertad tras aducir que no tenía nada que ver con la trama, aunque el juez decretó para él una fianza de 100.000 euros. Para el gerente de Servicios del Ayuntamiento de Santa Coloma, Pascual Vela, decretó una fianza de 25.000 euros.
El fiscal Anticorrupción Luis Pastor también había pedido como medida cautelar el bloqueo de las cuentas bancarias de todos los imputados y que se les impida la disposición de fondos, pero Garzón no hizo ningún pronunciamiento al respecto. Los empresarios y Dobarco tendrán que comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado.
