Amnistía denuncia el régimen de incomunicación de los detenidos en España

La organización califica de "inadmisible" que un arrestado pueda pasar hasta 13 días sin hablar con un abogado o ver a un médico de su elección

AGENCIAS Madrid 15 SEP 2009 - 08:28 CET

La organización Amnistía Internacional ha denunciado el régimen de incomunicación de los detenidos en España porque considera que incumple las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Según Amnistía, el régimen español es uno de los más estrictos de Europa.

"Es inadmisible que en la España actual una persona detenida por cualquier razón desaparezca durante días, como tragada por un agujero negro", ha señalado Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional. En el informe "España: Salir de las sombras. Es hora de poner fin a la detención en régimen de incomunicación", la organización reclama a España que ponga fin a esta práctica porque viola los derechos de las personas que están privadas de libertad.

Amnistía ha recordado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal española permite mantener a una persona recluida en régimen de incomunicación hasta cinco días en todos los casos y hasta trece si es sospechosa de delitos de terrorismo. Ese periodo de trece días se compone de una fase de hasta cinco días de incomunicación bajo custodia policial, que puede prorrogarse otros cinco días de incomunicación en prisión provisional.

Además, según Amnistia, en cualquier momento de la instrucción el juez puede imponer tres días más de detención en régimen de incomunicación. Durante ese tiempo la persona no puede hablar con un abogado ni con un médico de su elección", ha advertido Nicola Duckworth en una nota de prensa, quien ha asegurado que "muchas personas" detenidas en régimen de incomunicación afirman que han sido sometidas a tortura o malos tratos, "aunque raras veces se investigan tales denuncias."

Como ejemplo, la organización cita el caso de Mohamed Mrabet Farsi, detenido por cargos de terrorismo el 10 de enero de 2006 en su casa, cerca de Barcelona. Durante su detención en régimen de incomunicación no pudo llamar a su abogado, según Amnistía, que asegura que fue torturado y maltratado, "pero tanto el médico que lo examinó como el juez de instrucción hicieron caso omiso de sus quejas", dice esta organización.

La organización internacional ha instado a las autoridades españolas a abolir la legislación que hace posible la detención en régimen de incomunicación y a permitir a la persona detenida hablar con un abogado confidencialmente y comunicar a su familia su detención y el lugar donde se encuentra.

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