El Gobierno de Madrid sale en defensa de los anuncios luminosos

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acordado esta mañana interponer un recurso contencioso administrativo contra la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid que impide, entre otras cosas, la colocación de anuncios luminosos en algunas calles porque "atenta contra la libertad de empresa". La norma respeta los considerados emblemáticos, como el de Tío Pepe de Sol. El recurso lo ha anunciado el vicepresidente y portavoz del Gobierno, Ignacio González, al término de la reunión del Ejecutivo madrileño en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto con la presidenta, Esperanza Aguirre.

Según ha dicho González, el Gobierno considera que la ordenanza "da un tratamiento discriminatorio a lo que puede ocurrir en Madrid con respecto a otros municipios y puede limitar la actividad empresarial dentro de la Comunidad de Madrid". Asimismo, recuerda que la ordenanza puede ser discriminatoria porque establece limitaciones de los anuncios luminosos en cuanto a la colocación, lo que también interfiere en negocios que tradicionalmente utilizan esos luminosos como identificadores de su actividad, como las farmacias.

Para Aguirre es "discriminatoria"

Entiende el Gobierno regional que la Ordenanza reguladora de publicidad exterior del Ayuntamiento de Madrid, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 17 de febrero, no recoge importantes alegaciones presentadas por el Ejecutivo de Aguirre. Según ha recordado González, el Consejo de Gobierno madrileño ya requirió el pasado 19 de febrero al Ayuntamiento de Madrid para que modificara esa Ordenanza por vulnerar competencias autonómicas, pero el Ayuntamiento rechazó dicho requerimiento. Aunque la Comunidad de Madrid reconoce que el reglamento y las ordenanzas locales pueden establecer limitaciones a la libertad de empresa, considera que tales limitaciones habrán de producirse dentro de los términos de la habilitación utilizada "y ser idóneas y proporcionadas con el fin pretendido".

Pero, según el recurso que presenta el Gobierno regional, "ninguno de tales requisitos concurren en dicha Ordenanza, que produce una indebida, por excesiva, restricción a la libertad de empresa". La Ordenanza municipal también incurre, según el Gobierno, "en una clara vulneración de la libre prestación de servicios y de la normativa comunitaria en la materia (...) al someterlo a algunos requisitos tan minuciosos que prácticamente anulan la posibilidad de desarrollar dicha actividad". Además, el Gobierno considera que la nueva Ordenanza aprobada por el Ayuntamiento es "discriminatoria" al restringir a los empresarios la posibilidad de darse a conocer al consumidor en condiciones de igualdad y pone como ejemplo el de un camión de reparto de Madrid que no puede hacer promoción de un nuevo producto u oferta en su vehículo, sino sólo de la marca o el logotipo.

"Ahora bien -explica-, si la empresa del camión de reparto fuera de otro municipio que no tuviera esa limitación de publicidad exterior (por ejemplo: Alcobendas), podría hacer promoción de sus nuevos productos y no sería sancionado por el Ayuntamiento de Madrid", detalla el recurso. Recuerda asimismo el Gobierno que la Ordenanza reguladora de publicidad exterior aprobada por el Ayuntamiento de Madrid el 14 de octubre de 2008 fue rectificada merced a algunas alegaciones de la Consejería de Economía y Hacienda que ya argumentaba un problema de competencias. Algunas de ellas han sido recogidas en la nueva Ordenanza, aprobada el pasado 30 de enero, pero la Comunidad considera que "se siguen vulnerando competencias autonómicas, así como la libertad de empresa, y la actuación publicitaria de los empresarios", ambas recogidas en la Constitución Española y en Directivas europeas.

Desde el consistorio, la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, ha asegurado que la Ordenanza "se ajusta a derecho". En declaraciones a los medios, Botella, de cuyo departamento ha partido la ordenanza, ha dicho que el texto de la ordenanza recibió en su momento informes técnicos favorables tanto de Intervención como de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento. La delegada ha recordado, además, que la ordenanza municipal ha superado todos los trámites administrativos preceptivos, es decir, que tuvo su periodo de información pública, de presentación de alegaciones, de debate y de aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento.