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Las asociaciones estiman que más de un 60% de los jueces secunda la huelga

El CGPJ cifra el impacto del paro de este miércoles en un 35%, calculando el seguimiento sobre el total de jueces que hay en España, pero incluyendo a más de 800 que están inactivos.- Justicia le resta importancia y dice que ahora toca dialogar

Unos 2.200 jueces, más de un 62% del total según los datos de las asociaciones, se encontraban en huelga a las tres de la tarde de este miércoles, según ha comunicado el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol y el Comité Nacional de Huelga. En España hay 4.400 jueces, si bien los huelguistas afirman que el total de magistrados titulares en activo es en la actualidad de unos 3.500 y sobre esta cifra calculan el seguimiento de la huelga. Los datos de que disponen las asociaciones son los que les han proporcionado los propios jueces a través de correo electrónico o por fax.

Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha utilizado otros cálculos y ha incluido a todos los jueces sin tener en cuenta a los que se hallan de baja, en sustitución o no están al frente de ningún juzgado en este momento. Según este cálculo, el CGPJ reduce el seguimiento al 35%.

Justicia le quita importancia

El Ministerio de Justicia ha destacado que un "altísimo porcentaje" de magistrados no ha secundado la huelga y considera que, "siguiendo el mensaje" enviado por ellos, "ahora es el momento del diálogo". En un comunicado, el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo afirma que "ahora es el momento del diálogo" y subraya que comparte con los jueces que no han parado hoy y con el CGPJ "la convicción de que es imprescindible modernizar la Administración de Justicia a través del esfuerzo común y el intercambio de iniciativas y proyectos".

Preguntado sobre la posibilidad de hacer modificaciones legales para prohibir el derecho de huelga de los jueces, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha dejado abierta la posibilidad. "Estamos en el estudio del marco normativo del modo en que deben expresarse las reivindicaciones de los jueces; la reflexión acerca de regularlo es ahora mucho más urgente", ha asegurado el ministro.

"Oportunidad" de la huelga

El mayor seguimiento se ha producido en Valencia, donde las asociaciones aseguran que hasta un 80% se han sumado a la protesta. En concreto, han secundado el paro 343 magistrados. Cataluña (281) Madrid (279), Galicia (242) y Andalucía (372) son las comunidades en las que ha habido un mayor seguimiento de la protesta, según han explicado los miembros del comité nacional de huelga, integrado por los jueces Marcelino Sexmero, Enrique García y Benito Raboso. En Baleares, 39 jueces de los 101 del total han apoyado el paro y se han concentrado ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia donde han leído un manifiesto, informa Andreu Manresa.

El CGPJ tampoco ha apoyado la convocatoria del paro, aunque no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de este derecho. La portavoz del gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, ha insistido en la Cadena Ser en que no hay "cobertura legal para el ejercicio de la huelga" y ha evitado precisar si se impondrán sanciones a quienes no acudan al trabajo. "Los Tribunales Superiores de Justicia nos informarán de las actividades y ya se valorará en su momento, se verá cada caso concreto". El juez decano de Madrid ha dicho que no teme que se impongan sanciones y ha asegurado que se están prestando servicios mínimos "bastante amplios".

Servicios mínimos

El CGPJ no había fijado los servicios mínimos. Sin embargo, el pasado sábado 30 jueces y miembros del comité de las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente fijaron estos servicios, que sólo incluyen las bodas ya previstas, los enterramientos y las causas muy urgentes, a lo largo de las 24 horas del paro.

La huelga ha coincidido en Madrid con la de los funcionarios de justicia de la Comunidad, que acusan al Gobierno regional de incumplir los acuerdos económicos de hace dos años.

Las principales demandas de los jueces se focalizan en su oposición a los planes del Gobierno de retirarles la agenda de señalamientos de las vistas en favor de los secretarios judiciales. Las negociaciones con el Ministerio incluyen además una reforma para modernizar la justicia y la creación de 1.200 juzgados más en cinco años para igualarse a la media europea. El Ejecutivo se comprometió a destinar 20 millones para la modernización informática y crear 150 juzgados al año, después de la reunión celebrada a finales de enero entre Bermejo y las asociaciones.

Desde que surgió el malestar de los jueces, el ministerio ha sugerido que las protestas vinieron a raíz de que el Gobierno se pronunciara sobre la "levedad" de la sanción al juez Rafael Tirado en el caso Mari Luz. El Ministerio sostiene que en los últimos años se han creado más plazas de jueces y fiscales que en ningún otro periodo y se ha invertido más en la modernización de la Justicia.

Bronca en el Congreso por la huelga

La polémica por la huelga de jueces se extendió durante la mañana al Congreso. El diputado del PP Federico Trillo exigió al ministro Bermejo la dimisión "antes de que alguien le cuelgue como trofeo". "Vaya palmarés; usted sólo ha insultado y dividido a los funcionarios", afirmó Trillo, que le ha reprochado que en los juzgados haya "más de 2,5 millones de asuntos pendientes" y que España no alcance "la mitad de la dotación europea" en inversión y número de juzgados.

"No dimitiré", respondió Bermejo, que asegura que tiene que trabajar por España. "Hay un proyecto de modernización que hasta hace unos días era un proyecto compartido", apuntó el ministro para referirse a la salida del PP del pacto de la justicia. Bermejo ha vuelto a insistir en que el Gobierno ha duplicado la inversión en modernización tecnológica y que ha creado más plazas de jueces y fiscales que en el periodo en que gobernaron los populares. "No es el momento de utilizar munición gruesa, sino de echar una mano paras sacar a la Justicia de donde está".

Las reivindicaciones judiciales

- Urgente creación de la nueva oficina judicial, con delimitación precisa de las funciones de jueces y secretarios.

- Modificar el proyecto legal en curso para que sean los jueces, y no los secretarios, los que señalen los juicios.

- Plena incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías.

- Incremento en cinco años de las inversiones en justicia, que pasen del 1% actual a 3%.

- Asegurar la cobertura de las vacantes superiores a seis meses de los funcionarios mediante personal titular.

- Revisión de la planta judicial y creación de 1.200 juzgados.

- Que las sustituciones de jueces las hagan magistrados titulares, y que se cumpla la ley de retribuciones.

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