Fuentes jurídicas han señalado, por su parte, que la advertencia del Ministerio Público se produce después de que algunos centros tutelares de la Comunidad de Madrid hayan constatado que, cada vez en mayor número, los ancianos que quedan a su cargo llegan sin bienes a su nombre.

Cuando estos centros tratan de averiguar el patrimonio de estas personas, para determinar por ejemplo si tienen o no que pagar alguna cantidad por la asistencia que reciben, descubren que sus cuentas bancarias han sido vaciadas o que, si tenían un piso a su nombre, éste ha cambiado de titular o ha sido hipotecado.