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Los jueces de Madrid deciden adelantar la huelga al 18 de febrero

Se unen a los de Murcia, Extremadura, Castellón, Gerona, Málaga y Sevilla.- La mayoría del resto de reuniones que se han celebrado se han inclinado por posponer a junio una posible huelga

Los jueces de Madrid han decidido este miércoles durante la reunión de su Junta General en los juzgados de Plaza de Castilla el adelanto de la huelga al 18 de febrero. Esta decisión ha sido tomada por los 204 jueces presentes en la convocatoria, sobre un total de 260. De esta manera, se unen a lo acordado ya por Extremadura, Murcia y Zamora. Además han votado a favor de una segunda jornada de huelga para el 26 de febrero. El motivo para adelantar la protesta ha sido que relegarla al 26 de junio significaba dilatarla demasiada en el tiempo y no servía así como medida de presión.

En la Junta estaban presentes 140 jueces que representaban a 204. El sentir de la Junta era el de adelantar la huelga, pero para votarlo se han constituido en Asamblea. El juez decano de Madrid, José Luis Armengol, ha afirmado que la decisión se ha tomado por "amplísima mayoría". En total ha habido 103 votos a favor, 18 en contra y algunas abstenciones. Los que tenían el voto delegado de otros colegas no han podido ejercerlo porque votar requería presencia física.

Los jueces mantienen distintas peticiones. Entre ellas, que se adecúe el ratio de jueces por 100.000 habitantes a la media europea. España tiene 10, la media es 20, Alemania, 26. Para ello deben crearse en el plazo de cinco años 1.200 nuevas plazas de jueces, ahora hay 4.400. También piden que se cumpla la ley de retribuciones, ya aprobada, y que supondría subidas salariales. También rechazan el proyecto legal de Justicia de dar a los secretarios judiciales la facultad de señalar los juicios. Según los jueces, sólo eso habría justificado una huelga.

Cualquier decisión se condiciona al resultado de la reunión entre el Gobierno y las asociaciones de jueces convocada para el próximo lunes. En este sentido, el Ministerio de Justicia aseguró esta tarde, a través de una nota de prensa, que mantiene abiertos "todos los cauces de diálogo con los jueces a través de las asociaciones judiciales que les representan".

A favor y en contra

A lo largo de la mañana de este miércoles, la mayoría de las juntas de jueces que se han celebrado se han inclinado por posponer a junio una posible huelga, como habían propuesto las asociaciones judiciales, y han descartado sumarse al paro que ya han convocado para el 18 de febrero los jueces de Murcia, Extremadura y Zamora. En Murcia, los jueces ha decidido mantener la convocatoria del paro el 18 de febrero, aunque han fijado una nueva reunión para el día 28 para analizar la posibilidad de desconvocar la protesta, en función del resultado de la reunión que mantendrán el próximo lunes las asociaciones con el Ministerio de Justicia. En Castellón y Sevilla, las distintas juntas provinciales han aprobado por mayoría secundar la huelga propuesta para el próximo 18 de febrero. En las Juntas de Jueces de las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca se ha rechazado hoy de forma mayoritaria secundar la huelga.

Los jueces de los juzgados unipersonales de Barcelona, Tarragona y Girona han acordado este miércoles ir a la huelga el próximo 18 de febrero En la reunión de Barcelona, un total de 115 jueces han votado por ir a la huelga y 107 se han mostrado en contra.

A lo largo del día, en las Audiencias de Lleida, Asturias y Zamora se ha votado a favor de que sean las asociaciones de jueces las que guíen el proceso de negociación y las movilizaciones, y han rechazado convocar una huelga el 18 de febrero. Esa ha sido también la decisión de las juntas de jueces de Inca y Manacor (Baleares) y Albacete, donde se ha acordado suscribir el "documento reivindicativo" de las asociaciones, aunque sin descartar la posibilidad de convocar la huelga el 26 de junio.

En Málaga, tanto los magistrados como los jueces han votado a favor de un paro para el 18 (por un total de 91 votos sobre 120) sin descartar otra convocatoria de huelga para el 26 de junio y han reivindicado "el cese de las injerencias y ofensas del resto de los poderes del Estado al poder judicial", informa Fernando J. Pérez.

Por su parte, la Junta de Jueces de la provincia de Valencia ha decidido este miércoles posponer su decisión de secundar la huelga de jueces a una nueva reunión, anunciada para el próximo día 29, en la que estudiará el "resultado" del encuentro que habrán mantenido, tres días antes, las asociaciones de jueces con el Ministerio.

Qué reivindican los jueces

Esto es lo que reclaman:

- Instauración de la nueva oficina judicial. Superar la estructura arcaica de los juzgados y tribunales es una de las reivindicaciones históricas de los jueces. El primer paso se dio en diciembre de 2003 cuando se aprobó la reforma legal que sirvió de marco a la nueva oficina judicial. La nueva ley, en vigor desde enero de 2004, pretende desligar al juez de todo el trabajo administrativo (dejando la dirección burocrática al secretario judicial) para que se dedique sólo a su principal labor: resolver asuntos. Cinco años después, el desarrollo de esa norma -que implica reformar otras 15 leyes para determinar las competencias de los jueces y los secretarios judiciales en la nueva oficina-, sigue sin aprobarse. Y el proyecto de ley del Gobierno elaborado en diciembre no gusta a la judicatura porque la priva de la facultad de señalar juicios y vistas dejándosela al secretario. El Gobierno asegura que la nueva oficina estará lista a principios de 2010 como piden los jueces, pero rechaza -con el apoyo del CGPJ- que sigan controlando su agenda como hasta ahora. Los magistrados piden, además, que se equipare el ratio de jueces por habitante a la media europea con la creación de 1.200 nuevas plazas. "Aquí tenemos 10 jueces por cada 100.000 personas, mientras que en Europa tienen 20", aseguró la pasada semana el decano de Madrid, José Luis González Armengol.

- Incorporación de las nuevas tecnologías. Fue uno de los escándalos colaterales del caso Mari Luz. El pederasta que supuestamente mató a la niña cuando tenía que estar en prisión acudía con normalidad a otros juzgados cuyos titulares, debido a los deficientes sistemas informáticos, no pudieron conocer que estaba condenado en firme por abusar de su propia hija. Cada autonomía competente en Justicia -que debe aportar los medios materiales a los juzgados de su territorio- ha creado su propio sistema informático y el Ministerio de Justicia aporta el suyo al resto. Justizia Bat, Cicerone, Atlante, Adriano, Minerva... Son aplicaciones mejores o peores, pero que en ningún caso son compatibles entre sí. La firma digital es válida en otras Administraciones, como la tributaria o los ayuntamientos, pero un expediente judicial electrónico es ciencia-ficción. Los juzgados son islas que almacenan toneladas de papeles. El ministerio acaba de dar un paso adelante en la dirección que reclaman los jueces con la instalación de la nueva aplicación del Registro de Penados y Rebeldes que, a partir de fin de mes, no sólo incluirá sentencias firmes sino también las que no lo son. En los próximos meses esa base de datos se completará con las medidas cautelares (prisión, fianza, ordenes de alejamiento...) y las órdenes de busca y captura que hayan dictado los órganos judiciales.

- Formación adecuada de los funcionarios. Las Administraciones encargadas de surtir de personal a los juzgados -las comunidades competentes en Justicia y el ministerio- no cuentan con funcionarios titulares para cubrir bajas. Por esa razón, las suplencias las realizan en muchos casos personas reclutadas por los servicios de empleo (el antiguo Inem) sin ningún tipo de formación jurídica. El CGPJ aprobó el pasado octubre una batería de medidas encaminadas a reducir este personal provisional y a programar cursos de formación para los que carezcan de experiencia. El año pasado estaba previsto que se incorporaran 4.403 nuevos funcionarios titulares, según dijo el ministro en mayo. En cuanto a los interinos, "se valora su experiencia, el haber aprobado algún ejercicio de la oposición o el ser licenciado en derecho", aseguró. Pero el ministerio sólo es responsable de seleccionarlos en los territorios en los que el Estado mantiene las competencias.

- Carga máxima de trabajo razonable. El anterior Consejo aprobó un reglamento para calcular el número de asuntos que debía resolver cada órgano judicial. El sistema buscaba mejorar la productividad ya que a los jueces que superaban en más del 20% ese número de asuntos (denominado módulo) se les abonaba una paga adicional semestral de un 5% anual del salario bruto (unos 1.800 euros de media). Alrededor de 1.500 de los 4.500 jueces que hay en España superaban el módulo, hasta que el Supremo, en una sentencia de febrero de 2006 de la que fue ponente Margarita Robles -ahora vocal del Poder Judicial-, anuló el sistema. A la espera de que se apruebe uno nuevo -que las asociaciones quieren desligar de la productividad- los módulos se siguen usando para medir la carga de trabajo a la hora de evaluar retrasos o responsabilidades disciplinarias o para pedir nuevos órganos.

- Sustituciones por jueces titulares. Uno de cada 10 jueces es sustituto, juristas procedentes de la abogacía o la Universidad con menos formación que los titulares -ni oposición ni Escuela Judicial- seleccionados por los Tribunales Superiores. La ley dice que su función debe ser "excepcional" pero en Cataluña (que aporta pocos jueces), Euskadi (por ETA) y Canarias (por su lejanía) se han convertido en la regla. "Muchos órganos están permanentemente cubiertos por sustitutos", según Mercedes Izquierdo, vicepresidenta de la asociación que los une. Una de las razones de la alta interinidad es la feminización de la carrera y el aumento de maternidades y excedencias para cuidar a los hijos.

- Conciliación entre la vida laboral y la familiar. La supresión del traslado forzoso es una de las medidas que, en este campo, el Consejo ha arrancado al Ministerio. En toda la vida laboral de los jueces sólo existe un traslado de este tipo. Se produce cuando ascienden a magistrado, a los tres años de ejercicio.

Los magistrados de la Audiencia de Madrid se descuelgan de la huelga

Los magistrados civiles y penales de la Audiencia Provincial de Madrid acordaron hoy por unanimidad respaldar las movilizaciones que emprenda la Comisión Interasociativa Permanente (CIP), que engloba las cuatro asociaciones judiciales, descolgándose de la huelga para el próximo 18 de febrero que secundarán los jueces de los órganos unipersonales del partido judicial de Madrid si las negociaciones no llegan a buen término.

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