Cinco horas y media de parón en la Justicia de Madrid

Varios centenares de funcionarios de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid se han manifestado por el centro de la capital para exigir al Gobierno regional el cumplimiento del acuerdo firmado hoy hace un año y evitar así, han advertido, un "colapso" en los órganos judiciales. Convocados por los sindicatos CC OO, UGT y STAJ, los trabajadores judiciales han secundado una huelga durante más de cinco horas y media como protesta, a lo que se ha sumado esta marcha, que ha discurrido desde Cibeles hasta el número 18 de Gran Vía. Los sindicatos cifran el seguimiento en un 81,66% de la plantilla, mientras que la Comunidad lo reduce a un 47,89% -el 53% en el partido judicial de Madrid y un 37,48 en la periferia-.

El portavoz de STAJ, Alberto García, ha calificado de "auténtico éxito" el paro, que ha durado de 9.00 a 14.30, superando incluso algunas de las movilizaciones de 2007 que precedieron a la firma del acuerdo con el entonces titular de Justicia, Alfredo Prada. El paro, según CC OO, ha obligado a suspender más de 850 juicios y actuaciones procesales en los Juzgados, Tribunales, Registros Civiles y Fiscalía de la región. El actual responsable de esta consejería, Francisco Granados, ha convocado para el día 17 reunión de la Mesa Sectorial, en la que los sindicatos esperan que "anuncie el compromiso de cumplir, en los plazos y términos firmados," el acuerdo que un año atrás puso fin a la huelga indefinida de 13 días de duración. En caso contrario, advierte CC OO, se convocarían "nuevas y contundentes" movilizaciones.

En cuanto a la marcha, los sindicatos convocantes sostienen que han participado entre 3.000 y 4.000 trabajadores, que han partido este mediodía de la plaza de Cibeles hacia la sede de la Consejería de Justicia en la calle de Gran Vía ocupando en su totalidad la calle de Alcalá, lo que ha generado importantes problemas de tráfico en la zona. Una pancarta con el lema Sin recursos no hay justicia. Aguirre cumple lo pactado ha abierto la marcha dando buena cuenta de las reivindicaciones de los funcionarios, que durante todo el recorrido han coreado gritos contra Granados y contra la presidenta regional, Esperanza Aguirre, a los que responsabilizan del "abandono" de este servicio público.

Los "incumplimientos" de Aguirre

Los portavoces de los sindicatos convocantes han coincidido en que el Gobierno regional no ha aplicado ninguna de las medidas comprometidas el 11 de diciembre de 2007 para frenar el "deterioro" de la Administración de la Justicia y mejorar las condiciones laborales y retributivas de unos 6.000 funcionarios. Para el portavoz de STAJ, el incumplimiento de este acuerdo "aporta una gran inseguridad jurídica" y puede derivar en un "colapso" de todos los órganos judiciales de la Comunidad "que pueden pagar" los ciudadanos. También desde CC OO se ha advertido de que el incumplimiento del "plan de choque" acordado con Prada "va a condenar" a la Adminitración de Justicia de la Comunidad "a un colapso", ha dicho la coordinadora en este sector, Felicidad López, que ha cifrado en un 20% el incremento que han experimentado los asuntos en los Juzgados de lo Social y lo Mercantil en el último año.

Para el secretario del Sector Administración del Estado de UGT, Fermín Arias, la movilización de los funcionarios de Justicia representa un "eslabón más" en los "incumplimientos" de Aguirre, con afectación directa "al servicio público, a los ciudadanos y a los trabajadores". Justicia, por su parte, ha asegurado que ningún funcionario de este servicio perderá poder adquisitivo en 2009 al mantenerse su sueldo base y sus complementos actualizados al ejercicio de 2009.

"El complemento de mejora que vienen percibiendo en 2008 lo continuarán percibiendo en 2009", recoge una nota, en la que se explica que desde que en 2003 se transfirió la Justicia a la Comunidad de Madrid "a estos trabajadores se le ha subido el sueldo entre un 29,5 y un 54,5%". Además, perciben entre un 11,5% y un 29% más que los funcionarios de Justicia que dependen directamente del Estado en otras comunidades autónomas.