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Educación remite a los institutos madrileños las 'instrucciones' para objetar a Ciudadanía

El Gobierno regional precisa que 890 alumnos de 86 centros no cursarán la materia.- Educación anuncia que recurrirá la circular de Esperanza Aguirre

El Gobierno regional ha anunciado este miércoles el envío de una circular a los 86 centros educativos de la Comunidad de Madrid con alumnos de secundaria objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) en la que se especifica quiénes son y cuál es la alternativa prevista para ellos. Se trata de 890 estudiantes del total de 115.000 que deben cursarla, aunque esta cifra podría aumentar ya que las clases comienzan el próximo día 15. Tal y como avanzó Educación hace apenas unos días, harán un trabajo individual sobre la Constitución -opción rechazada por los jueces en la Comunidad Valenciana-. Ni se precisa la extensión ni ningún otro parámetro. Además, realizarán en su instituto alguna actividad de voluntariado que la dirección considere "beneficiosa" para la convivencia escolar y que la carta tampoco especifica. El Ministerio de Educación ha respondido que va a recurrir la circular a la justicia.

La asignatura, caballo del batalla del PP, se impartirá por primera vez este curso en la Comunidad de Madrid, que ha agotado el plazo previsto por la ley para ponerla en marcha. Se trata de una hora semanal en 2º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de dos horas en 1º de Bachillerato de todos los centros públicos, privados y concertados de la región. El Gobierno de Esperanza Aguirre reconoce, admite e incluso alienta que los padres declaren objetores a sus hijos, a pesar de que el Ministerio de Educación ya ha dicho que equivale a no cursar matemáticas y que ningún niño podrá obtener la titulación de ESO sin EpC.

10.800 solicitudes, 890 para este curso

Preguntado en un primer momento por el número final de objetores y el de centros afectados, un portavoz de la consejería se ha limitado a indicar que hasta el pasado viernes se habían presentado "un total de 10.800 solicitudes" en el registro habilitado por el Gobierno regional, lo cual no quiere decir que 10.800 alumnos no la vayan a cursar este año. La razón es que las solicitudes provienen tanto de padres cuyos hijos están en 2º y 4º y, por tanto, directamente afectados, y también de otros a cuyos hijos les tocará el año que viene, o el otro... Tampoco se conocía el número de centros, a pesar de que se les había enviado la carta. Parecía que no se habían cruzado los datos o no se informaba de ello. Sin embargo, a última hora de la tarde, la consejería ha revelado a este diario el dato: 890 del total de solicitudes corresponden a alumnos que tendrían que cursar la asignatura el próximo curso, 490 de 2º de la ESO (un 0,79% del total de 62.000 alumnos inscritos) y 400 de 4º (un 0,75% de los 53.000). Estos 890 alumnos asisten a 86 colegios.

Estos objetores deberán hacer un trabajo sobre la Constitución española y sus valores -libertad, la justicia, igualdad y pluralismo político-, así como prestar en el centro "alguna actividad de voluntariado". Sobre lo anunciado la semana pasada por la consejera, Lucía Figar, no hay apenas novedades, ya que no precisa ni siquiera la extensión que deberá tener el trabajo ni cómo se calificará. Eso sí, precisa el detalle de que será la propia dirección del centro la que determine en que consistirá la "actividad de voluntariado". Como única orientación, sostiene que debe ser "beneficiosa" para la convivencia escolar. Esta falta de concreción ya ha sido criticada por la Asociación de Directores de Secundaria, que agrupa a dos tercios de los institutos madrileños, cuyo presidente José Antonio Martínez, ha acusado al Gobierno regional de sembrar el "desconcierto" en los institutos al exigir una alternativa para la que no están preparados.

El suspenso no está previsto

La misiva subraya que los niños no tendrán que asistir a EpC y que tampoco se les podrá calificar con un suspenso. Junto al documento, Educación ha incluido los escritos de las familias objetoras que han decidido que sus hijos no reciban la materia por "razones de conciencia", así como por "el derecho fundamental a la libertad ideológica recogida en el artículo 16 de la Constitución Española". En el documento, Educación defiende su polémica decisión y se justifica afirmando que es su obligación "garantizar que, todos los alumnos, durante el horario escolar, reciben la adecuada atención educativa".

En esta misma línea se ha manifestado hoy el secretario regional de Escuelas Católicas de Madrid, Emilio Díaz, durante una rueda de prensa de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza y Titulares de Centros Católicos y Educación y Gestión de Madrid (FERE-CECA y EyG Madrid), informa Efe. Díaz considera que la nueva asignatura es la "receta" del Gobierno del Estado para paliar la "falta de calidad" del sistema educativo. No obstante, ha asegurado que los centros agrupados en la asociación han adaptado el contenido de la asignatura al proyecto educativo cristiano y, ha agregado que las familias "pueden estar tranquilas" respecto de los contenidos, materiales y profesorado. Por eso, considera que, aunque aún es pronto para saber el número exacto de objetores, serán "muy escasos".

Ante esta situación, la diputada de IU en la Asamblea de Madrid Eulalia Vaquero ha considerado "inadmisible que, a pocos días del inicio del curso, los institutos reciban una instrucción que ampara la ilegalidad que supone no impartir una asignatura obligatoria como Educación para la Ciudadanía", por lo que su grupo ha reclamado "la intervención urgente y firme del Ministerio de Educación", ya que "estamos ante una desobediencia institucional". Ha recordado que la ESO es una etapa obligatoria y por tanto todas sus asignaturas también lo son, por lo que "en ningún caso pueden ser sustituidas por una trabajo ni por tareas de voluntariado". Con la carta en la mano, el Ministerio de Educación ya puede actuar contra el Gobierno regional, tal y como han confirmado fuentes del departamento a este periódico. En declaraciones a la SER, la secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia, ha asegurado que llevará a la Comunidad de Madrid a los tribunales, por lo que consideran "una maniobra encubierta para incumplir la ley".