Según Lamela, en este asunto no se debe olvidar "algo muy importante", que responde a que tanto la Comunidad de Madrid, como la Consejería de Interior y Metro llevan "mucho tiempo, muchos años, diciendo que las Fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Nacional debe vigilar a Metro, que debe bajar al Metro". Lamela ha insistido en que esta petición se la han hecho a Interior, y a la delegada del Gobierno en la región, Soledad Mestre, tanto por escrito como verbalmente en reuniones, "y hasta la fecha, una vez más -la respuesta- ha sido no".

"Si la contestación al consejero de Interior, Francisco Granados, el pasado mes de junio que la delegada del Gobierno no hizo en términos afirmativos hubiese sido sí, probablemente no estaríamos hablando de estas agresiones", ha apuntado. En este sentido, ha indicado que es una reflexión que vuelve a hacer, ya que el miércoles en la Asamblea se pronunció de la misma manera, "para que cada Administración asuma sus responsabilidades y obligaciones con la seguridad pública que es competencia exclusiva del Gobierno de España y por tanto, del Ministerio de Interior".

Asimismo, ha mantenido que en el tema de las agresiones, el único criterio posible es el de "tolerancia cero" porque estos hechos son "absolutamente inadmisibles" y ha asegurado que el compromiso del Gobierno de Madrid es poner todos los medios a su alcance para que estas agresiones no se produzcan, "y si se producen, sean perseguidos, denunciados, y sancionados como dice la Ley, que es lo que hay que hacer". Por otro lado, ha indicado que Metro ha confiado en las empresas de seguridad contratadas (más de 2.000 vigilantes trabajan por toda la Red de Metro) pero ha reconocido que dichas empresas "no estuvieron a la altura y no hicieron lo que se les dijo que tenían que hacer".

"(Las empresas) no sólo tenían que asumir la responsabilidad de echar a estas personas del trabajo sino también investigar y denunciar a la autoridad policial y judicial estas conductas", ha apostillado. Por ello, ha asegurado que la decisión de Metro de Madrid es que a partir de ahora, la propia compañía asumirá la responsabilidad de denuncia, "con independencia de la denuncia que puedan hacer las empresas de seguridad", para evitar que esto pueda volver a suceder.