El Gobierno de Camps copia el contrato para inmigrantes de Rajoy

Los extranjeros deberán asumir el "modelo de convivencia", la "escala de valores" y las tradiciones y costumbres de la región.- Los socialistas lo tildan de "discriminación negativa"

IGNACIO ZAFRA / AGENCIAS Valencia 28 ABR 2008 - 16:05 CET

El Gobierno valenciano, del PP, ha anunciado este lunes que trasladará a su legislación autonómica el contrato para inmigrantes planteado por Mariano Rajoy durante la campaña electoral. La ley que prepara la Generalitat prevé que los inmigrantes tengan que firmar un "compromiso" por el que quedarán obligados a "respetar las leyes, los principios y las costumbres y tradiciones españolas y valencianas". Los socialistas consideran esta exigencia una "discriminación negativa". La medida choca con las competencias del Estado, ya que la política de inmigración depende de Moncloa.

El anuncio lo ha hecho el consejero de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, que ha precisado que el "compromiso de integración" es parte de la futura Ley de Integración del Inmigrante de la Generalitat Valenciana, en fase de elaboración y que estará lista este verano, contemplará un por el que los extranjeros deberán. El no cumplimiento de ese pacto hará "imposible su integración, y entonces las autoridades tendrán que tomar las decisiones oportunas", ha declarado Blasco sin más explicaciones. Un portavoz del departamento ha reconocido que el Ejecutivo que preside Francisco Camps no tiene competencias para expulsar a quienes incumplan ese compromiso, ni para adoptar otro tipo de "medidas punitivas".

Tampoco ha sabido precisar a qué se refiere concretamente el borrador de la ley al hablar de costumbres españolas y valencianos, y ha descartado que se vaya a elaborar un decálogo de éstas. El consejero, que ha anunciado este "compromiso" antes de participar en la presentación de un informe sobre educación en los países de conflicto, ha destacado la importancia de que los inmigrantes se comprometan a "respetar los derechos humanos y el sistema democrático". Blasco ha definido la Comunitat Valenciana como una "tierra de oportunidades" a la que puede ir "cualquier persona", aunque ha manifestado la necesidad de que estas personas se integren en los valores, costumbres, tradiciones y sistema de convivencia valencianos para "no perder la cohesión social de la región".

"Una cosa son normas y otra costumbres"

El consejero ha denunciado además que en el territorio valenciano existen unas 80.000 ó 90.000 personas sin regularizar debido a la política "catastrófica" del Gobierno socialista, aunque, a partir de ahora, "puede haber un cambio de orientación del PSOE que facilite la implantación de mejores mecanismos de colaboración". Pero, a día de hoy, personas que viven en la región de forma irregular "no tienen las circunstancias personales adecuadas para que se propicie la integración". Entre las supuestas ventajas de la ley, en la que está trabajando el Consell, el responsable valenciano de Inmigración ha avanzado que alrededor del 16% de inmigrantes de la Comunitat Valenciana tendrá opciones de trabajo e integración.

El consejero ha subrayado que el objetivo de esta normativa es la integración "con plenos derechos y obligaciones" en la Comunitat Valenciana de esta población, ya que esta autonomía "se toma muy en serio la integración desde el respeto a la interculturalidad" y asumiendo el "modelo de convivencia" valenciano. La oposición socialista en las Cortes valencianas ha tachado de "barbaridad" que la Generalitat pretenda que "los extranjeros firmen un papel para cumplir la ley", por boca de la diputada autonómica Nuria Espí, quien ha censurado que el PP trate de "llevar a las comunidades autónomas en las que gobierna las propuestas del programa electoral que los ciudadanos rechazaron en las últimas elecciones generales".

En este sentido, ha acusado a Camps de "irresponsable", porque no es competencia "acometer este tipo de regulación legal". La diputada autonómica ha calificado además de "discriminación negativa" el anuncio de Blasco, quien recuerda además, que "tendría que saber que una cosa son las normas y otra las tradiciones y costumbres".

El contrato francés

El "contrato de integración" que Mariano Rajoy anunció en plena campaña electoral es una copia de un documento que el hoy presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, introdujo en la legislación de su país en 2004, cuando era ministro del Interior. El contrato francés exige a quien pide la residencia que se comprometa a respetar los valores de la República Francesa, aprender la lengua y a respetar las leyes y a aceptar la igualdad entre hombre y mujer.

Si se demuestra que ha incumplido ese contrato, que debe firmar junto a su solicitud, puede perder las ayudas sociales y, en los casos más graves, incluso ser expulsado de Francia.Países como Alemania, Holanda o Reino Unido contemplan cursos o exámenes de idiomas, pero ninguno llega al extremo de recoger sus exigencias en un documento.En España, el contrato de Rajoy tiene un precedente en el programa de Convergència i Unió para las elecciones autonómicas de 2006.

CiU abogó por una ley para que los extracomunitarios accedieran a los permisos de residencia y de trabajo y a determinados servicios sociales en función de su grado de integración. La entonces consejera de Inmigración de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, del PP, manifestó: "Más que una medida de integración parece una cartilla de racionamiento de derechos humanos".

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Mediante este contrato, el inmigrante se compromete a cumplir las leyes y aprender la lengua / ATLAS

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