Redada en la vendimia
Los inspectores de Trabajo y la Policía irrumpen en campos manchegos para perseguir la explotación de braceros 'sin papeles'
El jefe de la Inspección de Trabajo de Ciudad Real, Ángel Trujillo, dibuja círculos sobre una carpeta para marcar la estrategia, como un entrenador de baloncesto en un tiempo muerto. "Tú, por aquí. Vosotros, por allá". El equipo, ocho funcionarios apoyados por cuatro agentes de la Guardia Civil y siete del Cuerpo Nacional de Policía, aguarda en una gasolinera a que el técnico dé orden de saltar al campo. En concreto, a cuatro plantaciones de viñas y cebollas. Es el mayor dispositivo desplegado desde que, hace dos semanas, arrancó la mayor vendimia del mundo. El objetivo, cazar in fraganti a las empresas que nutren a los agricultores de trabajadores sin papeles, que estos días se cuentan por miles en las explotaciones manchegas.
La operación se consumó al filo del mediodía de ayer con la detención de cuatro inmigrantes irregulares y la toma de datos a los dos empresarios —un rumano y un español— que actúan de enlace entre los propietarios de las tierras y los temporeros. Pero inspectores y policías han comenzado a actuar a las cinco de la madrugada, cuando las calles de los pueblos están desiertas, a no ser que aparezca un repartidor de periódicos. En Bolaños (Ciudad Real), en plena vendimia, lo que proliferan son los repartidores de mano de obra, que esperan a los braceros en minibuses y furgonetas. Los trabajadores, casi todos sudamericanos, comienzan a desfilar en grupos, provistos de gorra y mochila.
Los coches policiales recorren con sigilo las calles para observarlos. Si miran mucho de reojo, desconfiados, es porque tienen algo que ocultar, dicen los inspectores. Por eso hay furgonetas que recogen a los inmigrantes con parsimonia, y otras que desaparecen en cuestión de segundos, no sea que las fuerzas de seguridad anden al acecho.
Trabajo lleva semanas estudiando los usos y costumbres del objetivo, una empresa de Bolaños, inscrita como sociedad de servicios agrícolas y jardinería, que se dedica a proporcionar temporeros. Entonces llega el aviso. "Han salido dos autobuses y una furgoneta". Cada vehículo toma una dirección distinta, lo que obliga a los vigilantes a desplegarse para no perderlos de vista.
Son las ocho de la mañana y ha salido el sol. Los inmigrantes se apean en cuatro campos repartidos entre Llanos del Caudillo y Cinco Casas. Sólo cabe elegir el momento adecuado para irrumpir en las viñas. Todos a la vez, porque si se corre la voz habrá estampida. "Si no hay ningún problema, la caballería no sal", avisa Trujillo, que penetra en uno de los campos de Llanos junto con otros dos inspectores. La caballería, dos guardias civiles de paisano, se quedan en la retaguardia, por si hay jaleo.
En la parcela hay diez personas: ocho temporeros, siete rumanos y Narcisa, una ecuatoriana que lleva ocho años en España y que respondió a la oferta de trabajo que vio en un locutorio. El agricultor, Jesús, a los mandos del tractor que carga la uva. Y Anghel, rumano de 37 años que se hace responsable de los trabajadores y que trata de impedir que nadie se quede a solas con los inspectores. "¿Cuánto tiempo llevas aquí?". "Ocho días". "¿Cuántas horas? "Ocho". "¿Cuánto te pagan? "45 euros", grita Anghel desde lejos. "45", repiten los temporeros.
El intermediario admite que es él quien reparte el dinero entre los jornaleros. El agricultor le paga 55 euros diarios por cada empleado, pero Anghel niega que se quede los 10 que restan, y asegura que todo es legal. Hasta que, cuando le piden los papeles, cambia de discurso y empieza a arremeter contra la moratoria que impide trabajar en España a rumanos y búlgaros por cuenta ajena, aunque sean comunitarios. "¡Si no les dejan trabajar, ¿cómo quieren que coman? ¿Prefieren que tengan que robar?".
Uno de los temporeros, Varga, dice que tiene 19 años, aunque aparenta bastantes menos. Cuando le preguntan la edad delante de Anghel, finge no entender nada.
Jesús, cabizbajo, lamenta los controles de trabajo: "Se van a cargar la agricultura. Por eso trabajan inmigrantes, porque los de aquí no quieren". Y se desvincula de todo el asunto: "Yo sólo he contratado a una empresa", explica. El agricultor se arriesga a una multa de 6.000 euros por cada sin papeles que emplee.
Los funcionarios se despiden de Anghel, que el lunes deberá demostrar en las oficinas de Trabajo que todo está en regla. "Eso habrá que verlo", matizan los inspectores, que dudan de que los papeles que ha enseñado el intermediario sean verdaderos. Mientras, en un campo de Cinco Casas, los agentes han detenido a cuatro temporeros bolivianos por estancia irregular en España.
A la misma hora, un centenar de sindicalistas de UGT y CC OO se manifiesta frente a la sede de la patronal agraria Asaja en Ciudad Real en protesta por las muertes, la pasada semana, de un jornalero rumano y otro polaco mientras vendimiaban sin contrato. Ayer, otro rumano falleció en Socuéllamos en plena faena, al parecer por un infarto, según informó la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.
Con los agricultores argumentando que no tienen más remedio que recurrir a sin papeles para salvar la campaña, y con el Gobierno dispuesto a responder a golpe de multas, el conflicto de la vendimia sigue abierto. Ayer, la líder regional del PP, María Dolores de Cospedal, acusó al Gobierno de "criminalizar" a los agricultores y criticó que se mande a la Policía a fisgar en los campos. El delegado del Gobierno, Máximo Díaz-Cano, contestó: "Es irresponsable cuestionar que el Estado trabaje por la legalidad".
