Según han señalado a la SER fuentes judiciales, de la documentación presentada en el juzgado de Tenerife se deduce que el Centro Nacional de Inteligencia comenzó a investigar este caso en 2005 y sin saber quién podría ser el topo.

Los responsables del CNI se dieron cuenta aquel año de que los servicios rusos conocían por adelantado algunos movimientos de los agentes españoles. La investigación interna duró más de un año hasta que se convencieron de que el agente traidor podía ser Roberto Flórez García, un guardia civil que se había dado de baja del CNI en Enero de 2004.

Las pesquisas sobre él duraron varios meses más hasta que el CNI reunió los indicios y pruebas suficientes como para poner el caso en manos de la justicia. La policía localizó en el domicilio de Florez copias de los documentos que había vendido a Moscú y por los que cobró al menos 200.000 dólares.