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Elecciones 27-M

El PP acusa al Ejecutivo de "maniatar al Supremo" para permitir "el regreso de ETA a las instituciones"

Blanco asegura que el Gobierno "ha cumplido con la ley y el Tribunal Supremo la ha aplicado" y recuerda al partido de Rajoy que corresponde a los jueces decidir quén se presenta a las elecciones

La decisión de los 16 magistrados de la Sala Especial del Tribunal Supremo de anular la totalidad de las agrupaciones electorales de Abertzale Sozialistak (AS) y las 133 de Acción Nacionalista Vasca (ANV) impugnadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado ha suscitado reacciones diametralmente opuestas del Gobierno y del PP.

Para el número dos del PSOE, José Blanco, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero "ha cumplido con la ley y el Tribunal Supremo la ha aplicado", pese a que desde el PP se pretendía que se "incumpliera" la legalidad y desde Batasuna que fuera "burlada". "Batasuna pretende burlar la Ley y no lo vamos a permitir; el PP quiere que incumplamos la Ley y no lo vamos a hacer. En un Estado de Derecho la Ley es sagrada, la hace el Parlamento y la aplican y la interpretan los tribunales", ha dicho. "El PP no dice quién puede presentarse a las elecciones y quién no puede", ya que esa es tarea de los tribunales y jueces, ha recordado.

En parecidos términos se ha pronunciado el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que ha opinado que, con su decisión, el Alto Tribunal demuestra que el planteamiento del Ejecutivo sobre este asunto fue el "adecuado". El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, también ha expresado su satisfacción por una decisión judicial que, a su juicio, es un mensaje a Batasuna, pues "sólo cumpliendo estrictamente la ley se puede uno incorporar al estado democrático". Conde-Pumpido ha señalado que el pronunciamiento del Supremo significa que "se respeta la Ley de Partidos y se cumplen las normas de la democracia". "La ley no se puede burlar y se tiene que cumplir, eso es lo que ha dicho el TS al anular todas las candidaturas a través de las cuales Batasuna pretendía introducirse ilegalmente en estas elecciones", ha añadido el fiscal general.

"Un paso atrás, un enorme error"

Una lectura completamente distinta ha realizado el líder del PP, Mariano Rajoy, quien ha dicho que la resolución del Supremo supone "un paso atrás" en la lucha contra ETA por culpa del Gobierno. "La Justicia ha cumplido y el Gobierno no lo ha hecho", ha valorado Rajoy respecto a la decisión del Alto Tribunal de anular todas las candidaturas de AS y las 133 impugnadas de ANV. En ese sentido, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, ha recordado que el Supremo sólo ha podido anular las candidaturas de AS y ANV que impugnó el Gobierno y no ha podido "ir más allá".

Rajoy ha lamentado que "después de años de lucha contundente contra ETA en los que la banda terrorista había quedado fuera de las instituciones, no recibió financiación pública ni pudo hacer política municipal, ahora puede volver a más de 100 ayuntamientos del País Vasco y de Navarra". En este sentido, Rajoy se ha preguntado cómo es posible que un partido político sea legal en municipios como Mondragón, Llodio y Rentería e ilegal en Bilbao. "Lo ha dicho el Tribunal Supremo, es un partido condicionado por Batasuna, que es quien ha hecho sus listas. Y el Gobierno ha querido que en unos sitios se presente y en otros no", ha denunciado.

A juicio del líder de los populares, muchos españoles se han visto engañados y defraudados por una decisión política adoptada por el Gobierno y con la que "se ha permitido que ETA regrese a la instituciones democráticas de nuestro país". "Es su responsabilidad, un paso atrás, un enorme error. El PP no está de acuerdo con esa decisión, como no lo está con la que ha tomado con De Juana Chaos o con impedir que los tribunales juzguen a Otegi, al que según los propios tribunales se le iba a condenar", ha zanjado.

También el secretario general del PP, Ángel Acebes, ha cargado con dureza contra el Ejecutivo, al que ha culpado de que hoy sea un "día aciago para la democracia". "El presidente del Gobierno ha querido deliberada y culpablemente que ETA vuelva a los ayuntamientos maniatando al Tribunal Supremo para que no lo pudiese impedir".

Desde Batasuna, su portavoz y cabeza de lista de Donostiako Sozialista Abertzaleak, Joseba Alvarez, ha acusado al PSOE de "hacer tongo" en el proceso de paz y en el proceso electoral y ha considerado que la anulación de las candidaturas de ASB es el resultado de "un acuerdo" entre los socialistas y el PNV para lograr "parcelas de poder" y arrebatárselas a la izquierda abertzale. Patxi Zabaleta, líder de Aralar, formación escindida de Batasuna tras condenar la violencia, ha hecho un llamamiento a ETA para que la anulación de listas no implique la "reactivación" de la violencia.

La argumentación del Supremo

El Supremo decidió la noche del viernes tramitar las demandas de impugnación de las candidaturas de ANV de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley de Partidos dentro del proceso de ejecución de la citada sentencia, dictada en 2003, y ello a pesar de que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se inclinaban por hacerlo conforme a los establecido en la Ley Electoral. Ésa fue la vía elegida para anular las candidaturas de Herritarren Zerrenda y Aukera Guztiak, con las que Batasuna pretendió burlar su ilegalización en pasados comicios.

El auto notificado hoy recuerda que se trataba, en cualquier caso, de agrupaciones electorales, cuando lo que se pretendía invalidar en esta ocasión eran "algunas candidaturas presentadas por el partido político ANV en diversas circunscripciones". "No todas las proclamadas, sino sólo una parte de ellas, sin que se solicite, simultáneamente, la ilegalización del partido que las promueve y acoge a todas ellas, por considerarlo continuador o sucesor de Batasuna", subraya el Supremo. El tribunal agrega que el artículo 49.5 de la Ley Electoral permite intervenir a la sala del 61 en las demandas contra las listas de una agrupación electoral, pero que "tratándose de la impugnación de la proclamación de las candidaturas presentadas por un partido político", la citada norma "no contiene un precepto equivalente".

Más adelante, el auto insiste: "No contempla la Ley Electoral ninguna fórmula procesalmente válida para el control de la proclamación de candidaturas y candidatos de los partidos políticos". Así, y tras recordar que el Constitucional ha establecido que "partidos políticos y agrupaciones de electores no son realidades equivalentes", concluye que "no cabe analógicamente aplicar las reglas de un proceso a casos no explícitamente previstos, sobre todo cuando cabe presumir de modo racional que han sido deliberadamente excluidos". Esta exclusión "no es casual ni procede de un olvido del legislador", sino que reside en el hecho de que, ante la hipótesis de que un partido político presente candidaturas con el ánimo de suceder a otro ilegalizado, la ley prevé una única salida: instar la ilegalización de ese partido "o del que, sin ser de nueva creación, sea aprovechado con el mismo designio elusivo".

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