Pero el fallo no es tan positivo para las víctimas palestinas como parece. Los nueve jueces del tribunal han decidido no suprimir otra cláusula que estipula que el Estado no tiene por qué pagar indemnizaciones por actos de guerra emprendidos desde septiembre de 2000, cuando comenzó el levantamiento a la Intifada de Al Aksa, contra la ocupación israelí en Cisjordania y Gaza. La cláusula que sigue vigente afecta a los "ciudadanos de un país enemigo o a terroristas que hubiesen sufrido las consecuencias de esos actos de guerra".

Las que sí podrán ser damnificadas son las víctimas que no tuvieran relación con la lucha, cuando los daños fueran cometidos en operaciones que no fueran de carácter estrictamente bélico, o cuando éste ocurriera antes de 2002.

El presidente del Tribunal, el juez Aharón Barak, sostiene, según el texto de la sentencia, que la cláusula abolida de la ley no era constitucional.