Un consejo elegido por el Congreso rehabilitará a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo

El Gobierno prohíbe los símbolos franquistas en edificios públicos y estatales y recomienda a las demás administraciones que retiren los suyos

ELPAIS.es Madrid 28 JUL 2006 - 14:30 CET

Exiliados, encarcelados, fusilados, presos en campos de concentración y demás víctimas de la Guerra Civil y la dictadura podrán ver rehabilitado su honor tras la aprobación de una de las normas más polémicas del Gobierno: La Ley de Memoria Histórica. En cuanto se publique en el BOE, tendrán un año para solicitar que un consejo de notables elegido por el Congreso rehabilite su memoria, es decir, que declare que esa persona fue juzgada sin garantías e injustamente condenada. Las víctimas del bando republicano también podrán acogerse a la ley.

Al anunciar la aprobación de la ley, María Teresa Fernández de la Vega, no ha querido avivar los sentimientos encontrados entre víctimas y familiares de uno y otro bando, y ha evitado emitir valoraciones sobre aquel momento histórico. Por eso, ha dicho: "Los Gobiernos no escriben la historia, forman parte de la historia. La historia la escriben los historiadores".

Además, la norma prohibirá los símbolos franquistas en los edificios públicos estatales y recomendará a los ayuntamientos y autonomías que hagan lo propio. Las manifestaciones políticas en el Valle de los Caídos quedarán prohibidas.

El Gobierno ha ido suavizando la norma para aplacar al PP, que le acusa de dividir a los españoles, aunque no es probable que consiga evitar sus críticas. Por ejemplo, el Gobierno ha renunciado a anular los juicios sumarísimos del franquismo. La razón es que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional señala que no son revisables sentencias previas a la Constitución que ya han agotado sus efectos jurídicos. Precisamente por ello, algunas asociaciones de víctimas e Izquierda Unida consideran que el texto "carece de valentía".

La ley y las subvenciones costarán 69 millones de euros al Gobierno. 20 millones se destinarán a pensiones e indemnizaciones para las víctimas.

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