Los dos etarras cuentan con los informes favorables pertinentes para su paso al régimen abierto. En el caso de Azcalgorta, que ha cumplido 14 años de prisión, los informes señalan que se ha comprobado su desvinculación de ETA y su distanciamiento del colectivo de presos de la banda terrorista. Igualmente se destaca, en el caso de Pérez del Río, que ingresó en prisión en 1992, su deseo de reinsertarse.

Así, la juez ha decidido aplicarles los beneficios penitenciarios contemplados por la actual legislación. Sin embargo, la Junta de Tratamiento Penitenciario se opuso a reclasificación, según fuentes penitenciarias. Estas nuevas excarcelaciones se producen en plena campaña del Gobierno para un endurecimiento de las penas.

Esta juez se vio envuelta en una fuerte polémica cuando ordenó la libertad condicional de Félix Ramón Gil Ostoaga, condenado a casi 300 años de prisión por seis asesinatos (cinco guardias civiles y un alcalde). Alonso se enfrentó con su decisión al criterio de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que presentó un recurso de apelación contra el auto de la juez. Gil Ostoaga se suicidó semanas después de su excarcelación.