Dos sindicatos y 1.200 irreductibles que han puesto patas arriba todo Portugal

Hace dos años no existían. Los portugueses desayunaban en paz con la programación de huelgas en la mano. Un día no funcionaba el metro, el otro el niño no iba a la escuela y otro cerraban los juzgados. A veces coincidían todas, pero ni los ciudadanos ni los gobernantes se alteraban. Sin embargo, en lo que va de 2019, por dos veces el Ejecutivo ha tenido que recurrir a una ley excepcional para evitar el colapso. En febrero, los causantes fueron 600 enfermeros de quirófano. Este mes de abril, 600 camioneros de combustibles, que pusieron el país patas arriba hasta este jueves, cuando se desconvocó la huelga.

La noche del miércoles al jueves era dantesca. Los portugueses se preparaban para irse de vacaciones y sus coches no tenían gasolina. “Cambio apartamento en la playa por bidón de gasolina”, escribía con sorna un usuario de las redes sociales. El humor negro es muy portugués y muy real: el lunes, los aeropuertos se quedaron sin reservas de combustible; el martes, un millar de gasolineras cerraron; el miércoles, se racionó el combustible a 15 litros por coche. Portugal se enteró de que la responsabilidad es de 600 camioneros de mercancías peligrosas de un sindicato que hasta noviembre ni siquiera existía. 

“Una huelga de lunáticos”, dijo un portavoz de ANTRAM, la patronal de las empresas de transporte. “Si no negocian con nosotros el caos va a continuar”, respondió Pedro Henriques, vicepresidente de esos irreductibles, el sindicato SNMMP, junto a una muralla humana que cortaba el acceso al centro de distribución de combustibles de Aveiras.

De los 800 camioneros autorizados en Portugal para transportar materias peligrosas, 600 pertenecen al minúsculo sindicato SNMMP. “Hemos sido ignorados porque nos decían que éramos muy pequeños, pero como se ve marcamos la diferencia en el país”, explicaba Henriques.

“En tres días el país se paralizó, entró en estado de calamidad. No era nuestra intención”

Su reivindicación es la creación de una categoría profesional especial y una mejora salarial, de al menos, el doble del salario mínimo. Según el sindicato, sus camioneros cobran 630 euros y el salario mínimo actual es de 600. Según la patronal son 1.294 euros brutos, aunque incluyen horas extra. Si se cuentan ayudas de comidas y cenas en 22 días de trabajo, el sueldo son 1.416 euros. Las dos partes acordaron este jueves seguir negociando hasta el fin de año y mantener la paz social.

El caos en la distribución de combustibles continuó el martes y se extendió por todo el país. Aunque era un conflicto entre particulares, según el primer ministro António Costa, el Gobierno, en reunión de Consejo de Ministros, puso en “alerta energética” el país y echó mano de la legislación excepcional para acabar con los efectos de la huelga y así asegurar los servicios mínimos. Bomberos y fuerzas de seguridad conducían camiones requisados y los militares de la Guardia Republicana abrían camino para llevar el combustible a hospitales, aeropuertos y otras instalaciones esenciales.

Por segunda vez en dos meses, el Gobierno echó mano de un recurso extremo para abortar los efectos de una huelga; en febrero los enfermeros y, ahora, los camioneros. En ambos casos, sindicatos inexistentes antes de 2018; en ambos casos, con unos efectos alarmantes en servicios esenciales. “En tres días el país se paralizó, entró en estado de calamidad”, cuenta Henriques una vez firmada la paz. “No era esa nuestra intención, nos manifestamos pacíficamente”.

Caos en cadena en los quirófanos

Rebelo de Sousa: “No basta negociar la garantía de servicios mínimos, es preciso comenzar a negociar la cuestión de fondo"

Lucía Leite, que a final de 2017 fundó el sindicato de enfermería ASPE, tampoco quería el colapso. Pero sus 600 afiliados, de un colectivo de 42.000 profesionales, lograron atrasar unas 10.000 operaciones con una cadena de huelgas planificada al milímetro. Si los camioneros eligieron la Semana Santa, los enfermeros buscaron causar “el mayor perjuicio institucional y el menor del paciente”.

Por primera vez en 43 años, el Gobierno recurrió a la “requisición civil” en una huelga del sector con el argumento de que no se habían respetado los servicios mínimos. También la original caja de resistencia del ASPE (financiación colaborativa anónima y crowdfunding) fue prohibida por las autoridades (aunque sí se permite a los partidos políticos).

Dos intervenciones extremas del Consejo de Ministros para evitar el colapso del país han abierto el debate de los límites de los derechos de huelga en un país donde es sagrado, y donde, por lo general, no se programan huelgas con servicios mínimos. Tan sensible cuestión la ha abierto el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa: “No basta negociar la garantía de servicios mínimos, es preciso comenzar a negociar la cuestión de fondo. Los servicios mínimos no resuelven los problemas del ciudadano común”.

Pero a la izquierda le repugna abrir ese debate. En la mañana del jueves, el ministro de Infraestructuras Pedro Nuno Santos, del ala izquierda del PSP, anunció el fin de la huelga de los combustibles elogiando a los 600 camioneros y su minúsculo sindicato SNMMP: “Tuvieron un comportamiento correcto estos días, y también una importante victoria”.