¿Cuál es ahora la situación de Juana Rivas?
Tras la entrega de sus hijos esta misma mañana, Juana Rivas sigue acusada de un delito de sustracción de menores
Esta misma mañana Juana Rivas ha entregado a sus dos hijos ante la Guardia civil, después de que el pasado viernes al juez del Juzgado de instrucción n.º. 2 de Granada, le diese un nuevo plazo que concluía hoy lunes a las 17:00.
Actualmente, la ya conocida por los medios como la madre de Maracena, se encuentra en situación de libertad provisional como así lo decretó el pasado martes 22 de agosto el magistrado José Luis Ruiz, titular del Juzgado de instrucción n.º. 9 de Granada. El juez consideró que la libertad provisional era la medida cautelar idónea a la espera del juicio, porque según señaló no existe riesgo de fuga ya que la investigada carece de antecedentes penales, está litigando en otros juzgados y tiene un "notorio arraigo en su localidad".
Delito de sustracción de menores
El delito por el que es investigada y por el que su expareja le denunció es el de sustracción de menores. Recogido en el artículo 225 bis del Código Penal, y que consiste en que uno de los progenitores, en este caso la madre, sin causa justificada sustraiga al hijo o hijos menores de edad. La norma penal establece tres supuestos de sustracción. El primero de ellos es el traslado de un menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con el que conviva habitualmente.
El segundo es la retención de un menor incumpliendo lo establecido por resolución judicial o administrativa, un supuesto en el que podría encajar lo sucedido en el caso de Juana Rivas. Es cierto, que cuando en mayo de 2016 ella se marchó de Italia con sus dos hijos lo hizo con el consentimiento del padre,al que le comunicó que sólo iban a pasar unas "vacaciones" en España. Sin embargo, meses más tarde cuando no regresaron, el padre de los menores decidió denunciarla en Italia por sustracción de menores. Los tribunales italianos le otorgaron a él la custodia de los dos hijos como medida provisional y reclamaron que fueran devueltos en cumplimiento del Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores. Posteriormente, en diciembre de 2016, el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Granada ordenó la entrega "inmediata" de los menores al padre, fallo que fue confirmado por la Audiencia Provincial de Granada en abril de 2017. Juana Rivas obvió estas resoluciones judiciales.
La comisión de este delito conlleva además de una pena de prisión de dos a cuatro años, la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la patria potestad por un tiempo de cuatro a diez años.
Este delito tiene un supuesto agravado que se da cuando el menor es trasladado fuera de España o que para su restitución se exija alguna condición. En estos casos la pena se impondrá en su mitad superior, es decir, en vez de dos a cuatro años de prisión el margen para establecer la pena será de tres a cuatro años de prisión.
Por el contrario, si el progenitor que sustrae al menor lo devolviese en un plazo de quince días desde que se hizo la denuncia de sustracción estaríamos ante un supuesto atenuado del delito, que tiene asociada una pena de prisión más leve que va de seis meses a dos años.
El único modo de que ante una sustracción de menores se produjera la absolución es que el sustractor comunique al otro progenitor en un plazo de 24 horas dónde se encuentran los menores y se comprometa a devolverlos.
¿Qué ocurre con los dos menores?
El pasado martes 22 de agosto el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Granada acordó como nueva medida de protección de los hijos, la retirada de sus pasaportes y la prohibición de que salgan del territorio Schengen sin autorización del padre o sin autorización judicial.
Ahora que los menores han sido entregados a la Guardia Civil todo hace pensar que éstos volverán con su padre, Francesco Arcuri, quien podrá llevarlos con él a Carloforte. Mientras, todo queda a la espera de que se señale la fecha del juicio contra Juana Rivas acusada del delito de sustracción de menores, que de ser condenada podría enfrentarse además de a la pena de prisión a una inhabilitación del derecho a la patria potestad sobre sus hijos.
