Autónomos y asesores cuestionan la solución de Hacienda a los aplazamientos

Los autónomos y los emprendedores que tienen una pyme están desconcertados con la solución que la Agencia Tributaria ha adoptado para tratar de suavizar el régimen de aplazamientos de deudas tributarias con el fisco. Consideran que el Ejecutivo trata de enmendar el decreto con una interpretación especial a través de una instrucción interna de la Agencia Tributaria, que no es pública y deja dudas sobre qué deudas tributarias se pueden aplazar y cuáles no.

El Gobierno flexibilizó el pasado viernes el régimen de aplazamientos a través de una orden interna que enmienda el real decreto 3/2016, de diciembre del año pasado. Este decreto inadmite todos los aplazamientos de deudas salvo que el contribuyente pruebe que no ha cobrado el impuesto repercutido. Es decir, Hacienda dejaba abierto un pequeñísimo resquicio para aplazar el IVA de las facturas sin cobrar. Pero en la práctica el proceso era engorroso y provocaba un cuello de botella en la Agencia porque obliga a comprobar si las facturas estaban cobradas efectivamente.

Ante la protesta inicial de autónomos y pymes, Hacienda emitió el viernes una instrucción interna que establecía que las solicitudes de deudas de menos de 30.000 euros presentadas por pymes y autónomos se presumían automáticamente como si no estuvieran pagadas. Es decir, en la práctica hacía la vista gorda para las facturas inferiores a 30.000 euros porque las considera automáticamente que están pendientes de cobro. De esta forma puede soslayar la limitación del decreto 3/2016.

La asociación española de asesores fiscales (Aedaf) cuestionan la legalidad de esta solución. Creen que vulnera la Ley General Tributaria y afean al ministerio el modo en que ha gestionado el asunto.

Los autónomos, profesionales y empresarios con una pyme también muestran su preocupación. Algunos dudan si solicitar el aplazamiento o no. Temen las consecuencias que pueden tener este especie de limbo. Aseguran que el decreto dice una cosa y la nota interna de la Agencia Tributaria sugiere otra. Se quejan de la inseguridad jurídica creada por el cambio de Hacienda.

Este régimen es especialmente importante para 2,1 millones de autónomos y 1,1 millones de pymes que habitualmente solicitan postergar las cuotas de IVA con el fisco para salvar sus problemas de liquidez. Solo durante 2015, último año con estadísticas oficiales, se presentaron 1,67 millones de aplazamientos por un importe de 10.000 millones de euros. Además, el momento es especialmente delicado. El próximo 30 de enero es el último día del plazo para presentar la liquidación del cuarto trimestre del IVA. Esta fecha en la que más solicitudes se presentan en el año, porque es cuando los empresarios regularizan todas las facturas.

Iniciativa de Ciudadanos

El diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre ha presentado una batería de preguntas al Ministerio de Hacienda sobre el asunto. De la Torre también ha solicitado una comparecencia del ministro Cristóbal Montoro en una comisión extraordinaria para explicar el asunto. Este diputado recuerda que en el plan presupuestario enviado a Bruselas se incluyó una partida de 1.500 millones por el endurecimiento de los aplazamientos. Y se pregunta de dónde saldrá ahora ese dinero si se suavizan los aplazamientos. "Esta medida no tiene nada que ver con la lucha contra el fraude", explica el diputado de la formación naranja, que recuerda que estos tienen un tipo de interés del 3,75%. Los aplazamientos no suponen un coste para las arcas públicas, que se financian a través de las emisiones del Tesoro a unos tipos mucho menores.

De la Torre ha registrado unas preguntas parlamentarias para preguntar al Gobierno si la instrucción interna de la Agencia Tributaria afecta también a las pymes. También pregunta si el Ejecutivo tiene intención de promover una reforma urgente del decreto 3/2016 en vista de que el ministro de Hacienda señaló en el Congreso que no estaba previsto que esta regulación afectase a pymes y a autónomos en los pequeños aplazamientos de IVA y sí que lo hace.

Los profesionales y autónomos consultados por este diario, que prefieren no dar su nombre, también expresan sus dudas. Se preguntan qué ocurrirá en el caso de que una gran empresa que haya recibido una factura de una pyme se la deduzca en la declaración mensual, mientras la pyme que emitió la factura pide el aplazamiento del IVA porque aún no la ha cobrado. Y recuerdan que en unos meses entrará en vigor el nuevo Suministro Inmediato de Información (SII), la nueva herramienta por la que Hacienda obligará a las grandes empresas a informar en un plazo de cinco días de todas las facturas emitidas y recibidas.  Insisten que esto puede generarles problemas porque las grandes empresas tienden a deducirse el IVA antes de pagar la factura.

Por su parte, la unión de profesionales y trabajadores autónomos (Upta) ha reclamado a los Gobiernos autonómicos a que insten al Gobierno a cambiar el decreto original para aclarar la situación.