Hamlet en La Moncloa
Preguntada Merkel en su reciente reunión con Hollande, respondió sin matices: “La clave es saber si queremos que los jóvenes tengan un trabajo peor pagado y con menos derechos, o ningún trabajo en absoluto”. Pocas veces había sido expresado de manera tan lacerante el dilema al que se enfrentan los menores de 25 años. Dicho y hecho: apenas unas horas después, el Banco de España concretaba un poco las palabras de la canciller alemana y proponía para el mercado de trabajo español “nuevas fórmulas que permitan, en casos especiales, la desviación temporal respecto a las condiciones establecidas en la negociación colectiva o mecanismos excepcionales para evitar que el salario mínimo actúe como restricción para grupos específicos de trabajo con mayores dificultades para su empleabilidad”.
El informe del Banco de España sobre el mercado de trabajo tiene un sesgo ideológico muy agudo
En román paladino: que los empresarios puedan contratar pagando menos que el salario mínimo (645,3 euros mensuales) y fuera de convenio. El sueño de los neoliberales: volver a las condiciones de trabajo previas a la Gran Depresión de los años treinta, renunciando a lo que para el Derecho del Trabajo supuso el New Deal y toda la legislación laboral posterior. ¿Por qué se ha de regresar a la individualización de las contrataciones (eso es estar fuera de la negociación colectiva)?: porque tenemos 6,2 millones de desempleados, cifra nunca conocida en la historia de nuestro país, motivada por una recesión en dos partes (esta última, menos profunda que la primera, pero más larga) y por una reforma laboral incompetente. Según el informe del Banco de España, la reforma laboral del PP no ha servido ni para evitar la destrucción de empleo, ni para impulsar su creación, ni para evitar la dualidad del mercado de trabajo, que fue la excusa con la que se puso en marcha. Sí ha funcionado como mecanismo para abaratar el despido y, como efecto colateral, para devaluar los salarios, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. La reforma laboral ha supuesto una redistribución del poder en el seno de la empresa (más poder para el empresario, menos para los sindicatos) y una distribución regresiva de la renta en términos de contabilidad nacional: las rentas salariales han dejado de llevarse la mayor porción del PIB (44% del total), que desde finales del año 2012 corresponde a las rentas empresariales (46%).
El informe del instituto emisor y el discurso de su gobernador, Luis María Linde, abundan en estos temas, pero se quedan cortos en otros: plantea la excepcionalidad en el mercado de trabajo (empleos por debajo del salario mínimo y fuera del convenio), pero no hay apenas reflexión sobre si entre las responsabilidades de tener un 27% de la población activa en paro está la de un modelo productivo ineficiente y que no se transforma, la calidad del tejido empresarial español o la idoneidad del marco de las instituciones. Ello, en un contexto en el que la OCDE pronostica un nuevo salto del desempleo hasta el 28% de la población activa.
La alternativa al paro juvenil: trabajo peor pagado y sin derechos, o ningún trabajo
Tampoco hay en el informe ninguna proposición de medidas excepcionales ante la larguísima ausencia del crédito, que estrangula a muchas empresas y familias, y ello a pesar de que según el último boletín económico del Banco de España, correspondiente al mes de abril, se percibe “una ligera intensificación del descenso del crédito”; tan solo una reflexión teórica —por tanto, nada propositiva— acerca de si la contracción crediticia “debe atribuirse en mayor medida a los que operan por el lado de la oferta o a los que lo hacen por el lado de la demanda”.
Por último, en el análisis macroeconómico español (consolidación fiscal, saneamiento del sistema bancario, perspectivas de crecimiento y empleo…) no hay en el informe ni rastro de las consecuencias que la recesión está teniendo en la economía española en materia de pobreza, exclusión o desigualdad. En conclusión: un informe con un notable sesgo ideológico.
En las últimas semanas se han introducido en el cóctel sobre el paro elementos de distinta naturaleza: el contrato único planteado por el presidente del Eurogrupo, la excepcionalidad del Banco de España en materia de salario mínimo y contratación colectiva, o la reforma a la reforma laboral que exige imperativamente Bruselas a cambio de una mayor flexibilidad temporal en la contracción del déficit público, y que ha de ser presentada antes del mes de septiembre. ¿Se moverá Hamlet Rajoy?
