“Trabajamos en otro sistema de apoyo financiero para las regiones”

Antonio Beteta (Madrid, 1955) es un apasionado del mundo del cine. El secretario de Estado de Administraciones Públicas interpretó hace unos años a un magistrado que juzgaba a Lope de Vega en la película sobre el autor español del Siglo de Oro. Ahora hace lo propio como guardián del rigor presupuestario de las comunidades. En su despacho ha montado un sistema de videoconferencia desde donde examina a los consejeros regionales de Hacienda. Es el confesionario.

Pregunta. Las comunidades han registrado un déficit del 1,73% del PIB, dos décimas más que el objetivo (1,5%) fijado por Bruselas. Pero es la primera vez que logran ajustarse. ¿Están satisfechos?

Respuesta. El resultado es satisfactorio, pero no es para estar satisfecho. Ha habido una singular mejora respecto a los dos ejercicios anteriores (2010 y 2011). Estábamos en cifras de déficit superiores al 3,2% del PIB y hemos logrado una reducción del 45%. Estamos viviendo una paradoja: nos hemos acostumbrado a financiar el gasto corriente con déficit y por tanto con deuda, lo cual es una barbaridad. No es lógico que el gasto corriente, los servicios que disfrutamos hoy, lo vaya a pagar mi hijo de 15 años. Eso no puede ni debe ser. Vivimos un camino excepcional que debe terminar en algún momento.

P. Hay quien dice que las cuentas están maquilladas.

R. No se han hecho artificios contables. Cualquiera que pueda ver las cuentas lo podrá comprobar. Eurostat jamás ha rectificado las cuentas de España. Tenemos aquí una institución que no tienen en Europa que es la Intervención General del Estado (IGAE), que es un cuerpo independiente y que no permite al poder político hacer esas cosas. No lo permite. Los datos de la IGAE son radicalmente fiables. Que no digan que hemos hecho trampas porque no es verdad.

“Por supuesto que los funcionarios cobrarán las dos pagas extra en 2013”

P. No todas las comunidades han cumplido.

R. Es evidente que los resultados no han sido homogéneos. Tenemos a cinco comunidades que han incumplido. Dos de ellas por encima del 3% (Comunidad Valenciana y Murcia) que van a tener que hacer un esfuerzo adicional este año. Las dos tienen ya el presupuesto aprobado que ha sido monitorizado y corregido por los ingresos. Vistas las causas que han provocado la desviación se trata no de que haya habido un gasto excesivo si no de una previsión de ingresos optimistas.

P. ¿Intervendrán a alguna de las incumplidoras como establece la Ley de Estabilidad?

R. Ya empezamos a aplicar la Ley de estabilidad presupuestaria y ya hubo apercibimiento del ministro a finales del año pasado a las que se desviaban. Hay una monitorización tremenda de las cuentas regionales. Y el nuevo FLA de 2013 añade requisitos adicionales para aquellas regiones que tengan déficit presupuestario. Con los datos que se comunicarán a Bruselas a finales de marzo se verá cuál es la medida que se va a tomar dentro de lo que dice la Ley. En este momento estamos en un proceso de diálogo más intenso con aquellas regiones en las que la desviación es más alta.

P. Después de recortar tanto, ¿les queda margen sin afectar a servicios esenciales?

R. Les hemos pedido que haya un presupuesto de tesorería. Que se gaste lo que se pueda pagar en relación con lo que se ingresa. Los reales decretos sobre sanidad, educación y función pública entraron en funcionamiento a mitad del ejercicio y ahora están en vigor desde el 1 de enero.

“Es voluntad del Gobierno compartir el nuevo déficit con las comunidades”

P. Hasta ahora la mayoría de las comunidades huye del FLA.

R. No es necesario que el conjunto de regiones entre dentro del FLA. Este es un mecanismo de apoyo a la liquidez, no es un fin del Gobierno para que estén todas dentro. Lo que sí es un objetivo del Gobierno es que existan unos precios (intereses) razonables, que puedan colocar su papel, porque es un fin del Gobierno que se pague a proveedores. Si una región no puede convertir su déficit en deuda, no puede pagar y está perjudicando a la economía. Eso hay que corregirlo. El FLA está ahí abierto los 365 días del año se pueda entrar cuando se quiera.

P. Algunas comunidades protestan por el tope que ha puesto el tesoro a la financiación.

R. No solo el Tesoro. Yo también. Me sumo a la cruz. Cuando el presidente dijo que no se iba a dejar caer a ninguna autonomía el sector financiero lo entendió a la perfección. Hay un aval implícito del estado. Hemos pensado que esa prima de hasta 100 puntos puede ser más razonable porque el Estado detrás. En ningún caso, bajo ningún concepto, se puede entender como una voluntad de empujar a las comunidades hacía el FLA, ni mucho menos recortar la autonomía financiera. Todo el mundo debe de entender que si es posible conseguir una operación al 5,5% porqué pagar 7,5%. Esa diferencia puede suponer muchos millones que se pueden destinar a la sanidad, mejorar la educación o una carretera…

P. Están dispuestos a cambiar el FLA.

R. Estamos trabajando con las 17 comunidades y el sector financiero para analizar el conjunto de la deuda regional para mejorar la coordinación en las emisiones de las comunidades con las del Estado. Eso es bueno para todos y da una buena imagen para el sector financiero sobre cuáles son las necesidades globales de financiación del sector público.

P. Entonces, prepara un nuevo fondo de apoyo financiero.

R. En lo que se está trabajando no es un mecanismo como tal, no es un fondo. Es un sistema, pero aún estudiamos que naturaleza tiene. Será voluntario. Estamos dialogando con el sector financiero. Estamos en ello, pero eso no es FLA. Es otro sistema de apoyo a la liquidez que no es un fondo.

P. Algunas comunidades piden suavizar el objetivo de 2013. Si Bruselas flexibiliza el déficit para, suavizará el de las CCAA.

R. Las decisiones que está anunciando el comisario Rehn parece que van en la línea de conceder un mayor tiempo para cumplir con ese objetivo, pero aún debe ser confirmada por las distintas instituciones europeas para ver qué cantidad exacta se asigna para cada ejercicio.

Esperamos y deseamos que se concrete. Es compromiso del presidente del Gobierno y del ministro de Hacienda compartir con las comunidades la nueva senda.

Parece que es lo que va a ocurrir, pero sería bueno que llegase cuanto antes mejor porque los presupuestos regionales se están ejecutando con la limitación del 0,7%.

P. Serán necesarias nuevas medidas de ajuste en 2013.

R. El ministro de Hacienda ya dijo que no habría más recortes en 2013.

P. Habrá recortes a los funcionarios

R. Lo que yo puedo decir como responsable de la función pública le puedo asegurar que no estoy haciendo ningún trabajo en relación con eso.

P. Entonces, cobrarán las dos pagas extras en 2013

R. Por supuesto que cobrarán las dos pagas enteras.

P. ¿Es necesario reformar el sistema de financiación?

R. Sí. Creo que sí. En primer lugar, porque lo dicen todas las comunidades. Y como lo dicen todas deben de tener razón. Yo también lo creo y lo cree el Gobierno. Se produce una paradoja: Cómo es posible que haya un sistema que no guste a nadie. A alguien habrá beneficiado. Se tiene que crear un grupo de trabajo para hacer el balance de este sistema de financiación y recibir propuestas sobre cómo debe ir el nuevo sistema. Pero yo lanzo mi idea: El coste estándar, el coste en la prestación de servicios. Lo que hemos sabido a través del FLA son las facturas que se pagan para los gastos. Debemos a ir a algo radicalmente nuevo. Que es qué servicios vamos a prestar a los ciudadanos desde las comunidades autónomas y establecer un coste de la prestación de esos servicios y multiplicar.

¿Cuánto cuesta una operación de apendicitis? ¿Por qué cuesta diferente en Madrid, en Barcelona, en Sevilla o Murcia? Vamos a explicar cada uno de los distintos costes, la suma de esos servicios por área es la sanidad, la educación. Alguna región tendrá que cambiar procedimientos porque los suyos son más caros o es más ineficiente. Otras que son más eficientes van a tener una financiación adicional y podrán prestar servicios adicionales. Todo el mundo va a poder saber ahora lo que cuesta cada uno de los servicios públicos.

P. La reforma de la administración local comenzó con fusión de ayuntamientos, luego se propuso reducir concejales. Y al final nada de eso. ¿Ha quedado algo descafeinada?

R. Nada de eso. Hemos hecho una reforma en la que el núcleo central del ahorro consiste en asignar una competencia a una administración. Un municipio puede existir perfectamente representando los intereses de los vecinos, pero muchas de sus funciones, no todas, pueden tener por economía de escala una llevanza en su diputación provincial. Que haya 60.000 concejales de los cuales el 82% no cobra que se suprima alguno no supone un gran ahorro. Avanzamos en el tema de los funcionarios eventuales. En el primer borrador de julio se habilitaban 69.000, la cifra final está en el entorno de los 9.000. Eso sí que es un ahorro. Hemos conseguido con una técnica diferente ahorrar más. A lo mejor políticamente es menos llamativo. No lo discuto. Pero buscamos más la eficacia que ese fulgor de una llama que al momento se apaga. Preferimos este sistema, los principales partidos políticos están de acuerdo, en su gran mayoría, en que no desaparezcan municipios ni concejales.

P. Hay quien dice que hubiera sido más efectivo suprimir las diputaciones.

R. Para eso hubiéramos tenido que reformar la constitución. La diputación es un órgano que tiene funciones constitucionales. Como una de las claves de la norma era actuar dentro de la Constitución y los estatutos de autonomía eso no era una opción planteable en ningún momento. Aparte de que filosóficamente pensamos que la diputación como agrupación de municipios puede ser muy eficiente como gran central de compras que permite que muchos.

P. La reforma de la administración se hace para ahorrar dinero a las administraciones. Pero, ¿lo notarán los ciudadanos? ¿Cree usted que bajarán las tasas que pagan los ciudadanos por los servicios?

R. No sé si hoy o lo notarán nuestro hijos. Porque los Ayuntamientos también tienen deuda. En consecuencia la deuda que no tomen hoy no tendrán que pagarla nuestros hijos. A lo mejor se consigue la bajada de impuestos de hoy o quizá que no se endeude más y que tengan que pagarlo la futura generación o un mix que sería lo más razonable. Hay que tener en cuenta que el Gobierno aprobó por dos años una subida del IBI. Termina al final de este año. Suponen mil millones de euros ha sido el conjunto de recaudación de las corporaciones locales por esto. Ya se ven abocadas a tener que llevar a cabo un proceso de mejora en la gestión para conseguir esos 1.000 millones y seguir dentro del equilibrio presupuestario.