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Las aseguradoras perdieron fondos de los ERE por inversiones de alto riesgo

Colocaron el dinero en ladrillo en países como Rumanía, Brasil o República Dominicana - Andalucía abona por segunda vez las pólizas de los prejubilados

¿Qué tienen en común los bonos basura y el fraude de los ERE? Por descabellado que parezca, existe una sólida conexión. Parte del fondo de 647 millones que la Junta andaluza destinó a los prejubilados de empresas en crisis terminó invertido en el ladrillo de países tan dispares como Rumanía, Brasil y República Dominicana. "Fue una estafa piramidal de libro", ilustran fuentes de la investigación. Y si no lo remedian los tribunales, ese capital público se habrá perdido para siempre.

El Gobierno autónomo pagó a las aseguradoras la prima de ciertos ERE (expedientes de regulación de empleo) al contado. Ese capital para abonar las pólizas de los prejubilados en cómodas mensualidades durante 15 años, se invirtió a menudo en deuda pública. Pero hubo compañías como Fortia Vida y Apra Leven que arriesgaron y decidieron lanzarse a por el alto interés que daban los bonos basura de promociones inmobiliarias en países del extranjero con nula fiabilidad.

La Junta ha asumido los costes para evitar manifestaciones en la precampaña

Y tras desencadenarse la crisis mundial, con la misma facilidad con la que se apostó, se perdió. Hoy, los fondos previstos para esas prejubilaciones se han esfumado y el Ejecutivo andaluz ha asumido esos costes (es decir, paga lo mismo por segunda vez). La deuda con las aseguradoras hoy día supera los 300 millones y aumenta cada día. Pero la Junta quiere evitar a toda costa las manifestaciones de obreros en la precampaña de las elecciones autonómicas. El pasado otoño unos 3.000 trabajadores andaluces ya protestaron porque los impagos eran insoportables para sus dañadas economías domésticas.

La angustia de estas familias surgió tras la intervención de la mutua catalana Fortia Vida y la quiebra de la asegurada belga Apra Leven, ambas vinculadas al grupo Eurobank. Desde entonces, estos prejubilados de más de 30 ERE sufren retrasos intermitentes en el cobro de sus pólizas. Es el resultado último de un rocambolesco fraude a gran escala, plagado de sociedades interpuestas, querellas, supuestas descapitalizaciones y abusivas comisiones millonarias de hasta el 25%, cuando el mercado marca el 1%.

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, investiga el perjuicio causado a las arcas públicas, pero ante la ingente documentación intervenida en las sedes de las aseguradoras de Bruselas, Barcelona, Madrid y Sevilla que está pendiente de analizar, la cifra final del supuesto fraude es aún desconocida. Eso sí, los 10 millones cobrados por los 72 intrusos (prejubilados que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas) son una cantidad ridícula ante los márgenes de beneficios que manejaron estas sociedades, según fuentes de la investigación.

La historia se remonta a la intervención de Eurobank a José María Ruiz-Mateos por el exministro Miguel Boyer, que nombró como administrador a Eduardo Pascual. Con el tiempo, este se hizo con gran parte de las acciones del banco y generó poco a poco un emporio con, entre otras, las aseguradoras Norton Life, Personal Life, Apra Leven y la consultora Vitalia a la cabeza. El Banco de España intervino Eurobank en 2003, la Generalitat intervino sus mutuas y a finales de 2006 las obligó a fusionarse en Fortia.

Mientras tanto, y a pesar de los escándalos financieros que acuciaban al grupo Eurobank desde principios de la pasada década, el ex director general de Trabajo andaluz Javier Guerrero siguió contratando con estas aseguradoras. El ex director comercial de Vitalia, Antonio Albarracín, viajaba a Andalucía para comer con Guerrero una vez al mes.

La fusión de las mutuas en Fortia no resultó, y en 2009 la Generalitat intervino la compañía al detectar un exceso de inversiones en el sector inmobiliario y el traspaso de pólizas a la belga Apra Leven. La aseguradora compraba edificios a empresas fantasma interpuestas que, a su vez, vendía a terceros que finalmente se los revendían a los responsables de la aseguradora, que compraban los inmuebles a un precio irrisorio.

Poco después, una juez de Barcelona impuso a Pascual y a la también directiva María Vaqué una fianza de 600.000 euros tras una querella de la fiscalía por estafa, delito societario y asociación ilícita contra 25 directivos. "Ejecutaron un plan para obtener fondos de los mutualistas para invertirlo en empresas privadas controladas por ellos mismos", denunció la fiscalía. Fortia Vida era en 2007 la tercera mutua catalana de previsión social, con unos activos de 177 millones. Este diario intentó sin éxito recabar la opinión de Pascual y Vaqué.

En el último episodio de este culebrón contable, tras la intervención del Gobierno belga, la aseguradora Apra Leven, otro eslabón, se declaró en administración concursal. Numerosas pólizas de las 6.000 que abona la Junta andaluza actualmente habían pasado de Fortia a Apra Leven.

Ahora, la juez Alaya ha ordenado a la Guardia Civil que investigue la "descapitalización de Fortia a través de Apra Leven (...) y el conocimiento de las aseguradoras de las ilícitas prestaciones otorgadas por la Junta". La magistrada subrayó en un auto que el Ejecutivo andaluz contrató con estas compañías "sin comprobar la ausencia de solvencia económica y sin cumplir con el principio de concurrencia".

En una ironía del destino, Vitalia (propiedad de Pascual) acabó negociando el ERE de Dhul, una firma de Ruiz-Mateos. Un expediente subvencionado con 12 millones, en el que su hijo Álvaro Ruiz-Mateos firmó una póliza de 2,4 millones, décadas después de que él perdiera Eurobank.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Domingo, 22 de enero de 2012