Rubio afirma que ha quedado en nada el ahorro en organización de las consejerías
Una de las medidas incluidas en el primer plan de ajuste de los tres que hasta ahora ha anunciado el Consell para hacer frente a la difícil situación económica de la Generalitat, la reorganización de las consejerías, ha quedado en nada, según el diputado socialista Rafael Rubio, que ha hecho las cuentas.
La supresión de cargos, la reestructuración del funcionamiento de las consejerías y la jubilación de funcionarios en condiciones de hacerlo fueron algunas de las medidas anunciadas por el consejero de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela. El diputado socialista ha revisado las memorias económicas y los informes de oportunidad de la modificación de los reglamentos orgánicos y funcionales de las diversas consejerías. En el caso de la Consejería de Presidencia, destaca la memoria que la reestructuración se hace "sin haber generado un incremento de gasto en los presupuestos de la Generalitat". La de Economía, Industria y Comercio destaca que la nueva organización "redunda en una estructura más racional y eficiente" y que se enmarca "en el proceso de racionalización y contención del gasto". El resto de consejerías reiteran la fórmula de que la reestructuración orgánica "no comporta gastos ni ingresos adicionales" o "no supone un incremento de gasto".
Sólo en el caso del propio departamento de Vela, la memoria explicita que el nuevo reglamento orgánico y funcional de la Consejería de Hacienda y Administración Pública "ha supuesto en términos globales la supresión de ocho servicios que implica, en términos económicos, una minoración en cómputo anual de 466.466,64 euros".
"De los más de 9 millones de euros en qué se cifró el ahorro", comenta Rafael Rubio, "resulta que sólo se habían recortado 466.000 euros. Además, antes de que se publicara la reforma del organigrama, en la consejería de Vela se ha elevado a secretario autonómico al interventor general, mientras se creaba una viceintervención y otros nuevos servicios". Por eso el diputado socialista concluye que "el ahorro, al final, se ha quedado en nada".
Por otra parte, Rubio formuló una pregunta escrita al consejero de Hacienda en la que pedía información para aclarar hasta qué punto puede haberse producido un ahorro por jubilaciones de funcionarios. "¿Cuántas prolongaciones de servicio activo se han solicitado desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2011?", preguntaba, así como cuántas de ellas se resolvieron favorablemente, cuántas se denegaron, cuántas están sin resolver y en qué norma se sustenta la no resolución.
Vela respondió a finales del pasado mes de diciembre para señalar que en el mencionado periodo se presentaron 37 solicitudes de prolongación de la permanencia en el servicio activo, a las que había que restar una porque se había jubilado la persona solicitante. De ellas, se resolvieron favorablemente 21, se denegaron seis y 9 estaban pendientes de resolver. Sobre la norma a aplicar, el consejero mencionaba la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana de 2010.
Rubio sostiene que la Generalitat vulneraría la ley si denegase sistemáticamente las solicitudes para no jubilarse, lo que hace muy difícil ahorrar impidiendo las prolongaciones de servicio activo.
